[Noalca-l] Bolivia: Evo recibe nueva Constitución

["Alianza Social Continental - México (RMALC)"]

Bolivia: Evo recibe nueva Constitución


Eduardo Tamayo G.

ALAI-AMLATINA, 15/12/2007.- Calificando como "un 
milagro" el trabajo de la Asamblea Constituyente, 
el presidente boliviano Evo Morales recibió la 
Carta Magna de manos de la presidenta de la 
Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, tras un 
multitudinario desfile cívico-militar. 
Entretanto, los grupos oligárquicos de cuatro de 
los nueve departamentos del país amenazan con 
declarar las autonomías de hecho y con incendiar 
el país.

Ningún parto transcurre sin dolor. De la misma 
forma, la nueva Constitución, que recoge 
importantes avances sociales, políticos, 
económicos y culturales, no nace sin conflictos. 
Aprobada el pasado 9 de diciembre por 165 de los 
255 asambleístas, en la ciudad de Oruro, la nueva 
Constitución es celebrada por amplios sectores de 
la sociedad.

A los bolivianos, razones para estar de fiesta no 
les faltan. Por primera vez, al cabo de hace más 
de 500 años, la Constitución ha sido escrita "por 
quienes han sido despojados de sus terrenos, de 
sus costumbres y de su cultura". Pero además, 
festejan el hecho de que el aymara Evo Morales, 
quien ganó en el 2005 con el 53.7% de la 
votación, ha venido cumpliendo sus promesas de 
campaña, como la nacionalización de los recursos 
naturales, lo que le ha permitido al Estado 
aumentar sus ingresos de 170 millones de dólares 
a más de 1200.

En lo social, para mencionar solo un caso, se han 
creado el bono Juancito Pinto que se entrega en 
efectivo directamente a más de un millón de niños 
de ciclo básico con el objetivo de evitar su 
deserción escolar. En el ámbito internacional, 
Bolivia ha adoptado una política 
latinoamericanista de dignidad e independencia 
que no es bien vista por Estados Unidos.

En materia política, Evo Morales ha recogido, 
como uno de los ejes centrales de su gestión, el 
planteamiento de los movimientos sociales de 
convocar una Asamblea Constituyente para refundar 
Bolivia, pacífica y democráticamente, y generar 
nuevas reglas en la sociedad boliviana que 
permitan incluir y garantizar los derechos de los 
pueblos indígenas, de los mineros, de los 
trabajadores y del pueblo en general.

Luego de que la Asamblea Constituyente fuera 
aprobada en un referéndum, se convocó a 
elecciones generales para integrar la misma, en 
las que el Movimiento al Socialismo (MAS) del 
Presidente Morales obtuvo una nueva victoria, 
ganando 164 de los 255 de los representantes 
constituyentes.

El mandato recibido por los asambleístas elegidos 
era claro: elaborar una nueva Constitución, en un 
plazo determinado, luego de lo cual deberá ser 
ratificada en una nueva consulta popular.

Sin embargo, el proyecto asambleísta ha sido 
torpedeado permanentemente por los partidos de 
derecha que fueron derrotados en las elecciones 
(como PODEMOS, dirigido por el ex presidente 
Jorge Fernando Quiroga) y por los prefectos y los 
comités cívicos de los departamentos de Santa 
Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba. Desde una 
posición, marcadamente racista y violenta, han 
utilizado más que argumentos de fondo, asuntos de 
forma y sobre todo acciones desestabilizadoras 
para oponerse a la decisión mayoritaria del 
pueblo boliviano.

Durante varios meses, la Asamblea Constituyente 
quedó paralizada por la acción de la minoría de 
derecha que interpretaba a su manera un articulo 
del Estatuto de la Asamblea que dispone que las 
decisiones deben ser adoptadas por los dos 
tercios de los asambleístas, cifra que el MAS no 
alcanzaba.

Luego vino la disputa por la capitanía del país 
entre Sucre y La Paz, una divergencia de carácter 
histórico que fue aprovechada por la derecha para 
movilizar a sectores de Sucre, lugar de reunión 
de la Asamblea, para exigir que a esta ciudad se 
trasladen los tres poderes del Estado, provocando 
enfrentamientos que dejaron tres muertos. Los 
asambleístas fueron cercados, varios sufrieron 
actos de racismo, sus propias vidas corrían 
peligro. Por motivos de seguridad, la Asamblea se 
trasladó a una escuela militar de Sucre, donde, 
el pasado 24 de noviembre, 138 de los 255 
constituyentes aprobaron un proyecto general de 
Constitución.

Cinco días antes del 14 de diciembre del 2007, 
plazo fijado para que la Asamblea Constituyente 
culmine su trabajo, el organismo, esta vez 
reunido en la ciudad de Oruro, aprobó la nueva 
Constitución que tiene un carácter incluyente, 
reconociendo los derechos de todos los bolivianos 
y estableciendo las bases para conformar un 
Estado plurinacional y pluricultural.

La nueva Constitución, para entrar en vigencia, 
deberá ser sometida a referéndum, junto con un 
artículo en el que no hubo acuerdo que se refiere 
a la extensión de tierra que una persona puede 
poseer. Quien no esté de acuerdo con la 
Constitución puede rechazarla en las urnas, como 
corresponde a un sistema democrático.

Pero esto no es lo que piensan los prefectos y 
los comités de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y 
Cochabamba, quienes han anunciando la 
declaratoria de autonomías de facto con la 
presentación de su propio estatuto, lo que, en la 
práctica, implica optar por el separatismo.

Tras estas propuestas secesionistas se esconden 
los intereses de grupos económicos que pretenden 
mantener intocada la injusta estructura de 
propiedad de la tierra, cuyo ejemplo más 
revelador es Santa Cruz, donde 378 familias 
acaparan más de 20 de las 37 millones de 
hectáreas que tiene el departamento. El tema de 
la tierra, según la derecha, debe ser abordado en 
los respectivos departamentos.

Así mismo, está el interés de controlar la 
explotación y comercialización del gas y el 
petróleo que se extrae de los departamentos 
mencionados pero que constitucionalmente 
pertenecen al Estado boliviano. El articulo 104 
del estatuto autonómico elaborado por cívicos y 
empresarios de Santa Cruz establece que "El 
Gobierno departamental, a través de su 
correspondiente Secretaría Departamental 
controlará y fiscalizará la producción de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos que se realice 
en el departamento y dará por una correcta 
aplicación del pago de las regalías y de los 
impuestos".

A la defensa de sus privilegios, las elites 
bolivianas le han añadido una buena dosis de 
arrogancia, violencia y racismo. El relator de la 
ONU sobre derechos indígenas, Rodolfo 
Stavenhagen, en su reciente visita a Bolivia 
cumplida del 25 de noviembre al 7 de diciembre de 
este año, constató la "grave persistencia de los 
fenómenos de racismo y discriminación en contra 
de las personas indígenas, y sobre todo en contra 
de las mujeres indígenas".

"Dichos fenómenos -señaló Stavenhagen-, se 
expresan aún en la actuación de los funcionarios 
de los poderes públicos en los niveles nacional y 
subnacional, así como en las actitudes de 
partidos políticos y grupos de presión, quienes 
en ocasiones incitan a la violencia en contra de 
personas por razón de su condición indígena. Las 
expresiones de contenido racista anti-indígena 
son frecuentes en algunos medios de comunicación 
masiva, que con frecuencia sacrifican los 
principios de objetividad e imparcialidad en pos 
de intereses partidarios. Resulta preocupante que 
el conflicto político que atraviesa actualmente 
Bolivia haya dado lugar a un rebrote de 
expresiones de racismo, más propio de una 
sociedad colonial que de un Estado democrático 
moderno".

Una de las últimas agresiones racistas la 
protagonizaron en Santa Cruz los jóvenes 
pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista, 
"rama juvenil" del Comité Cívico dirigido por el 
multimillonario Branco Marinkovic. Los miembros 
de la UJC, que realizaban una supuesta huelga de 
hambre golpearon brutalmente al ex minero René 
Chávez, de 57 años, por vestir y tener rasgos 
indígenas. A Chávez, lo acusaron, sin pruebas, de 
ser un infiltrado del MAS y de estar filmándolos. 
"Indio de mierda, colla de mierda" le gritaba los 
jóvenes de la UJC revelando con ello el sentido 
excluyente y discriminador que quieren darle a su 
"autonomía" departamental. Por este caso, el 
gobierno de Evo Morales presentó una querella 
criminal ante la Fiscalía General de la República 
contra Marinkovic y representantes de la UJC.

Pero los separatistas de Santa Cruz han ido más 
lejos, elaborando una lista de 47 ciudadanos 
bolivianos a quienes acusan de "traidores a los 
intereses cruceños". La lista, en la que constan 
constituyentes del MAS, dirigentes campesinos e 
indígenas, sacerdotes y diputados, ha sido 
colocada en diferentes lugares de la plaza 
principal, en una clara muestra de persecución e 
intolerancia política.

El presidente Evo Morales ha llamado al diálogo y 
a dirimir los conflictos de Bolivia 
pacíficamente, no con las balas sino con las 
urnas, señalando que las autonomías 
departamentales son compromisos que ya están 
plasmados en la nueva Carta Magna junto con las 
autonomías indígenas.

Para buscar una salida al conflicto actual, 
Morales propuso un referéndum revocatorio de su 
mandato y el de los 9 prefectos departamentales. 
Según este proyecto de ley, que esta siendo 
debatido en el Congreso, si el Presidente pierde, 
convocará a elecciones generales en un plazo de 
90 a 120 días. Si el pueblo revoca los mandatos 
de los prefectos, el Presidente nombrará a sus 
reemplazos interinos hasta que se realice una 
nueva elección. Los prefectos rechazan la 
propuesta de Evo Morales porque, según algunas 
encuestas, carecen de apoyo ciudadano y temen 
perder sus cargos.

"Este es un momento muy difícil, es un momento 
complicado, pero todos los momentos que hemos 
vivido en Bolivia son complicados, son difíciles 
y hemos sabido salir de ellos, hay algo que es 
muy recurrente en la historia de Bolivia, es que 
somos una sociedad que llega al borde del abismo 
pero sabe negociar, al borde mismo del abismo, y 
avanzar y así a veces de una manera recurrente: 
conflictos acuerdos, acuerdos-conflictos", dijo a 
ALAI el abogado boliviano Miguel Castro. Ojalá 
que en esta coyuntura se cumplan sus predicciones.



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