[Noalca-l] Paraguay entre la esperanza y la difícil realidad

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Vie Ago 15 12:38:49 CDT 2008


*Paraguay entre la esperanza y la difícil realidad*


*Carlos Iaquinandi Castro**

El viernes 15 asumirá como presidente de Paraguay el ex obispo Fernando 
Lugo, cerrando la continuidad de más de 60 años de gobiernos del partido 
Colorado, incluyendo la larga dictadura del General Alfredo Stroessner.  
Durante sus años como obispo de la región de San Pedro, mantuvo un 
fuerte vínculo con los movimientos sociales, y en particular con el 
campesinado paraguayo.  De allí nació la base de su movimiento Tekojoja, 
del cual surgió la propuesta de postular al religioso como candidato 
presidencial.  Lugo renunció entonces a su función eclesial sin esperar 
el consentimiento vaticano que no llegaba y aceptó la candidatura.  Se 
formó la Alianza Patriótica por el Cambio, una coalición de más de una 
veintena de corrientes que incluye a liberales, a la Democracia 
Cristiana, o al Partido Comunista Paraguayo.  En ese conglomerado 
destaca el Partido Liberal, (PLRA) individualmente el más estructurado y 
el que obtuvo mayor representación parlamentaria.  Pero esta coalición 
tan diversa y el peculiar personalismo de Lugo, han entorpecido la 
gestación del nuevo gobierno y han generado dudas sobre su inmediato 
futuro. 

Lugo obtuvo el pasado 20 de abril aproximadamente el 42 % de los votos.  
Pero sus rivales inmediatos, Blanca Ovelar del Partido Colorado y el ex 
General Lino Oviedo (que proviene también de las filas coloradas) 
sumaron con sus respectivas candidaturas (32% y 22 % respectivamente) 
más de la mitad de los votos depositados por los ciudadanos paraguayos.  
En el Parlamento la orfandad de las fuerzas propias de Lugo es muy 
grande.  En diputados los colorados tienen casi el 38 por ciento de las 
bancas, contra casi el 34 de liberales y un 19 por ciento de la UNACE, 
el partido del ex general Oviedo.  En senadores los colorados tienen un 
tercio de las bancas, y las otras dos fuerzas un reparto similar al de 
la cámara alta.  Las leyes que quiera impulsar Lugo, tendrán que contar 
con el respaldo de la principal fuerza política de su coalición, los 
liberales, algo que no siempre será fácil.  Y aún así para tener 
posibilidades tendrán que negociar con alguna de las dos fuerzas con 
peso en el parlamento.  Hasta ahora los contactos y aproximaciones han 
sido con el UNACE del ex golpista y derechista Lino Oviedo.

Lo que le espera

El nuevo presidente tendrá que afrontar diversos retos importantes en 
los primeros meses de gestión.  Sabe que su anunciada "batalla contra la 
pobreza" requerirá recursos y por eso anticipó que deberá diseñar una 
nueva política de impuestos que reemplace la actual, débil e 
ineficiente.  "Solo así - afirmó hace unos dias - se podrá saldar la 
deuda social acumulada por décadas de indiferencia y corrupción".  
Actualmente, un millón cien mil de los seis millones de habitantes del 
país se encuentran en pobreza extrema, o sea que sobreviven con menos de 
un dólar diario.  Y otro millón de personas en pobreza no extrema.  Las 
escasas estructuras educativas y asistenciales están concentradas en 
Asunción, y son mínimas en el interior del país. 

Otra cuestión fundamental, será renegociar con Brasil los términos del 
acuerdo de 1973 sobre la presa hidroeléctrica de Itaipú, que fijaba en 
partes iguales el derecho a la energía generada.  Pero Paraguay, con su 
escaso desarrollo, solo utiliza el 17 del 50 por ciento que le 
corresponde.  El resto de la energía producida por Itaipú, lo vende a 
Brasil, un gigante que sí lo necesita, pero a un precio que es 
considerado insuficiente.  Algo similar a lo que ocurría con el gas que 
Bolivia provee a Brasil y Argentina y que determinó nuevos acuerdos y 
precios más justos cuando asumió Evo Morales en ese país.

Pero no hay duda que el tema de mayor trascendencia es el de la 
distribución de la tierra.  Además de ser un problema antiguo, Lugo 
prometió durante su campaña electoral llevar adelante una Reforma 
Agraria Integral que modifique la situación actual en la que unos 12 
millones de hectáreas que constituyen los mejores recursos naturales del 
país, están en manos de unas pocas familias y consorcios.  Las 
estadísticas señalan que Paraguay tiene la más desigual distribución de 
la tierra de América Latina.  Cientos de miles de campesinos luchan 
desde hace décadas por acceder a parcelas y a mejorar sus condiciones de 
vida.  Los propietarios siempre han contado con la complicidad policial 
y gubernamental para reprimir a los movimientos rurales.  Más de un 
centenar de dirigentes y líderes campesinos han sido asesinados en los 
últimos 20 años.  La casi totalidad de estos crímenes han quedado en 
total impunidad, sin responsables ni condenas. 

Se estima que poco más de 500 familias poseen el 90 por ciento de las 
tierras, mientras otras 350.000 familias carecen de ellas.  Esta 
situación ha incidido en que en los últimos 20 años, la población rural 
pasara del 67 al 30 por ciento.  La migración interna ha significado un 
desplazamiento de la pobreza y la miseria a los barrios de Asunción y de 
algunas otras ciudades.  Martín Almada, luchador social, Premio Nobel 
Alternativo de la Paz, y descubridor de los "Archivos del Terror" del 
Plan Cóndor, afirma que el problema de la tenencia de la tierra en su 
país comenzó realmente cuando Argentina, Brasil y Uruguay se prestaron a 
los intereses del imperio de turno -Inglaterra- y comenzó la llamada 
"Guerra de la Triple Alianza" (1865-1870) "porque en Paraguay se 
repartía la riqueza y no la pobreza, un mal ejemplo para la región".  
Añade que como consecuencia de aquella guerra y otra provocada por 
Estados Unidos años más tarde (Paraguay contra Bolivia en 1935), la 
estratificación social quedó con 5 por ciento de ricos (propietarios de 
las tierras fértiles), 10 por ciento de clase media y entre el 75 al 80 
por ciento de pobres." La investigadora paraguaya Mirta Barreto añade 
que luego vino la masiva privatización en la década del 50 del siglo 
pasado, con la dictadura de Stroessner.  Agrega "que durante más de un 
siglo confluyeron voraces factores externos que contribuyeron a expulsar 
de sus tierras a los campesinos y a los dueños originarios".  A todo 
esto y en tiempo más reciente, se añade el modelo monocultivo sojero, 
que agravó el conflicto al lanzar a miles de familias a los caminos y 
ser fuente directa de desempleo, marginalidad, pobreza y emigración.  En 
fuentes oficiales se estima que seiscientos mil campesinos fueron 
expulsados de sus tierras por el agresivo cultivo de la soja, y en los 
últimos siete años, más de 180.000 paraguayos emigraron a Argentina.

El Movimiento Campesino Paraguayo cree y tiene razones para ello, que 
por fin ha llegado el tiempo de la justicia.  Fueron parte fundamental 
de la base electoral que permitió el triunfo de la Alianza para el 
Cambio.  Esta misma semana, unos tres mil campesinos de Coordinadora de 
lucha por la Tierra y la Soberanía, ocuparon una finca arrendada por un 
ciudadano brasileño en San Pedro, la región de la cual fue obispo 
Fernando Lugo.  El dirigente de los Sin Tierra paraguayos, Elvio Benítez 
afirmó que esa ocupación " es un claro mensaje para quienes tendrán la 
responsabilidad de gobernar nuestro país en beneficio de todos".  Los 
campesinos también impulsan que el estado elabore un catastro nacional 
sobre la distribución de tierras para contar con datos fidedignos sobre 
propietarios y cantidad de hectáreas que tiene cada uno.  Eso permitiría 
conocer quiénes son los dueños de las propiedades, especialmente de los 
latifundios, y también saber sus extensiones reales.  El sociólogo Tomás 
Palau estima que en Paraguay cada ganadero cuenta con un promedio de 2,7 
hectáreas por vaca, y los cultivos de soja transgénica, cubren más de 2, 
5 millones de hectáreas, cuya siembra mecanizada y cuidado no requiere 
de muchos trabajadores rurales.  Pero esas medidas encontrarán una 
fuerte resistencia por parte de los latifundistas y grandes 
propietarios.  Claudia Russer, de la Asociación de Productores de Soja 
ya pidió que el nuevo gobierno se defina frente a "la inseguridad" y 
exigió garantías para la propiedad privada. 

El nuevo gobierno se encontrará con la empresa Petropar, responsable de 
la distribución de combustibles, en quiebra virtual, con una deuda de 
más de 300 millones de dólares.

La empresa INC (Industria Nacional del Cemento) colapsada y con 
frecuentes paralizaciones por fallos y averías técnicas en su molino 
principal.  Y unos ferrocarriles abandonados que más representan un 
recuerdo que una realidad. 

¿Querrá y podrá Lugo cumplir sus compromisos?

A las dificultades enumeradas, deben añadirse otras no menos 
importantes.  Es previsible que la convivencia de Lugo con el 
vicepresidente Julio César Franco, del Partido Liberal no resulte 
fácil.  Desde las filas de este grupo político, mayoritario en la 
Alianza, hay disconformidad por los nombramientos de ministros y cargos 
claves designados por Fernando Lugo.  Algunos dirigentes opinan que 
Franco está marginado o no tiene la relevancia que ellos creen que 
corresponde a su cargo de vicepresidente.

Martín Almada expresa sus dudas de que Lugo pueda llevar adelante su 
compromiso de impulsar la Reforma Agraria y recuerda que el nuevo 
presidente "tendrá en vigor leyes burguesas, un Parlamento retrógrado, 
una justicia corrupta y fuerzas armadas con la mentalidad impuesta por 
la Doctrina de la Seguridad Nacional norteamericana que considera al 
pueblo como enemigo".  Más aún, estima que en las condiciones objetivas 
actuales, Lugo se limitará a administrar la pobreza que recibirá como 
herencia de más de 60 años de gobiernos colorados, a menos que organice 
y movilice a esa mayoría silenciosa: los excluidos sociales". 

Pero también ante esta posibilidad hay dudas.  Hace pocas horas, 
Belarmino Balbuena, uno de los dirigentes del movimiento campesino y 
aliado de Lugo en los comicios del pasado 20 de Abril, manifestó su 
contrariedad por la forma utilizada por el futuro gobierno para 
movilizar a sus partidarios en actos recientes.  Acusó concretamente a 
quien será el jefe de gabinete de Lugo - Miguel López Perito - de 
"ordenar" concentraciones al estilo del Partido Colorado, porque para 
ello se han destinado fondos que no salen de las organizaciones 
sociales.  Balbuena, que además pertenece al Frente Social y Popular, 
dijo que esas son "malas señales" del nuevo gobierno.

Dentro del complejo panorama, hay que añadir que los resultados 
electorales no modifican la relación de fuerzas de poderosos intereses 
políticos y económicos, que intentarán que continúen sus privilegios, 
sus regalías, y el disfrute de concesiones otorgadas por mecanismos 
amañados.  Será difícil desterrar esos métodos, donde la coima y la 
corrupción son parte de la "normalidad" administrativa.  La 
concentración de poder económico ha permitido comprar funcionarios, 
ganar licitaciones y sobornar jueces y fiscales.  Para que eso cambie, 
será necesaria una actitud firme y disponer de los cuadros necesarios 
para dirigir y supervisar la transparencia y la honestidad.  Gran parte 
de la actividad privada ha estado vinculada inescrupulosamente a los 
presupuestos del estado, en particular las grandes obras.  Según los 
sectores de oposición, todas ellas se han realizado con un sobreprecio, 
y en algunos casos incumpliendo los compromisos de la licitación. 

Dentro de las batallas administrativas para imponer un funcionamiento 
normal y acorde con las leyes, estará la del contrabando.  Nadie 
arriesga cifras, pero muchos estiman que son millones de dólares los que 
mueve esa actividad ilícita, férreamente asentada en el país desde hace 
muchos años.  Y también se conoce el poder de los grupos que controlan 
el contrabando.  Si no podemos cuantificar su magnitud, si podemos 
imaginarla con un dato: el propio presidente Lugo admitió que nadie 
quiere aceptar el cargo de Director de Aduana.  El Ingeniero Juan Max 
Rejalaga, candidato designado, desistió por "falta de garantías para su 
vida".  Horas antes había recibido amenazas de muerte de la mafia que 
controla el contrabando.  El mensaje es claro: quieren que todo siga 
como está.  Y ese será uno de los graves escollos para las aspiraciones 
de cambio, y no solo en las aduanas.

Aunque durante la campaña electoral el ex obispo se mostró próximo a los 
gobiernos que en el continente se han distanciado (en distinto grado) de 
la tradicional influencia norteamericana, hay quienes ponen en duda el 
rumbo de su futuro gobierno.  Dentro de las propias filas de la Alianza, 
hay críticas por la presencia de ex funcionarios de la dictadura de 
Stroessner en el círculo de allegados al futuro presidente.  Más aún, 
hay quienes le asignan contactos con James Cason, el embajador 
norteamericano en La Paz, delegación diplomática que ha tenido decisiva 
ascendencia sobre los gobiernos paraguayos en los últimos 60 años.  Los 
hay incluso quienes recelan que el pasado 30 de julio, en forma 
sorpresiva, el Papa Benedicto le otorgó la dispensa que hasta ahora le 
había negado, lo que al parecer es un hecho inédito en El Vaticano.  Sus 
partidarios rebaten estas críticas argumentando que como Lugo tendrá 
apoyos minoritarios tanto en Diputados como en el Senado tiene que 
actuar pragmáticamente si quiere gobernar.  Y recuerdan que también 
tendrá que afrontar una estructura administrativa hostil a cualquier 
transformación. 

Todo esto es cierto, pero no lo es menos que gran parte del pueblo 
paraguayo, esa mayoría que le votó, confía en que deje atrás las formas 
autoritarias, el clientelismo, las injusticias y los vínculos de 
provecho común con los grandes grupos económicos, entre ellos los 
propietarios de tierras.  Para ello tendrá que poner todo su empeño en 
romper esa imagen que pintaba Martín Almada cuando parafraseando a Josué 
de Castro, intelectual brasileño, describía a Paraguay como un país 
"donde los ricos no pueden dormir de noche porque tienen miedo de los 
pobres y los pobres no pueden dormir de noche porque tienen hambre...  y 
añadía finalmente: "en Paraguay hay una pobreza explosiva".

A partir de las próximas semanas las dudas comenzarán a disiparse, 
cuando Lugo tome sus primeras decisiones.

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* Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.


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