[Noalca-l] Declaración de Bahía

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Mar Dic 16 12:00:22 CST 2008


Campaña Continental contra el ALCA
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Cumbre de los Pueblos del Sur
Salvador de Bahía, Brasil ­ 12 al 15 de diciembre de 2008

Declaración de Bahía

Representantes de organizaciones y movimientos 
sociales de América Latina y el Caribe, reunidos 
a raíz de la histórica realización de cinco 
cumbres simultáneas de presidentes de MERCOSUR, 
UNASUR, ALADI, del Grupo de Rio y de América 
Latina y Caribe en Salvador, Bahía.

Asumiendo el rumbo que marcan los resultados de 
las Cumbres de los Pueblos realizadas en Posadas 
2008, Lima 2008, Santiago de Chile 2007, Cochabamba 2006 y Mar del Plata 2005.

Reafirmando que los hombres y mujeres de América 
Latina y Caribe venimos construyendo la 
integración desde los pueblos, avanzando en la 
disputa por la profunda transformación del modelo 
productivo actual en una perspectiva soberana, sustentable y justa.

Teniendo en cuenta los cambios que se están 
realizando en el escenario mundial a raíz del 
desencadenamiento de la crisis económica del 
sistema capitalista que es producto  de las 
políticas neoliberales de la globalización  que 
han sumido a la humanidad en  una profunda crisis 
energética, alimentaria, climática  y social y 
que ahora se expresan en la crisis económica y financiera.

Observando que bajo la conducción del actual 
gobierno de Estados Unidos se busca dividir la 
región, reeditar la fracasada propuesta del ALCA 
y profundizar los esquemas de libre comercio, 
apertura a las inversiones, endeudamiento en 
varios países y militarización, y que la Unión 
Europea busca impulsar políticas similares en nuestra región.

Reconociendo no obstante, que algunos gobiernos 
de la región han iniciado  caminos alternativos 
de desarrollo planteando nuevas formas de 
organización económica, constatamos el 
mantenimiento de las políticas neoliberales que 
han conducido a muchos pueblos a escala global a 
la profundización de la pobreza, la 
discriminación y el abandono de la capacidad de 
los estados de promover el desarrollo económico y social.

Declaramos:

Asumir el compromiso de profundizar la 
integración desde los pueblos, en este momento 
histórico de lucha y movilización de América 
Latina y el Caribe, construyendo la soberanía popular.

Por eso consideramos que la salida a la crisis 
económica global debe tener como respuesta 
estratégica la integración soberana de los países 
de la región y la construcción de un nuevo orden 
internacional económico, financiero, basado en la 
solidaridad, la justicia y el respeto a la 
naturaleza, que valorice el trabajo y que 
incentive el derecho al desarrollo sustentable de 
los Países del Sur. Las  Américas que queremos 
construir en la perspectiva de los pueblos deben 
fundarse en los valores de solidaridad, 
superación del patriarcado, y ser necesariamente 
anti-racista, respetuosa de las culturas de los 
pueblos originarios y de la diversidad como un 
valor a ser defendido.  En este sentido saludamos 
y nos solidarizamos con los procesos 
constitucionales en curso en Bolivia y en Ecuador.

Asi vemos con satisfacción que en la región se 
impulse la autonomía, el fortalecimiento de los 
mercados internos, el abandono del dólar como 
referente en los cambios internacionales, el 
dotarse de una capacidad financiera propia y el 
replanteo de los esquemas ilegítimos de 
endeudamiento, como lo ilustra  el caso de la 
auditoria en Ecuador. Así como a fortalecer la 
democracia, y la autodeterminación, la no 
injerencia en los asuntos de otros estados y la 
búsqueda de una relación respetuosa y fraterna entre las naciones.

Señalamos con agrado que han surgido propuestas 
de integración que reflejan el sentimiento 
popular de aumentar los lazos solidarios, la 
cooperación, el intercambio mutuamente 
beneficioso y la superación de las inequidades.

Al mismo tiempo vemos con preocupación que en 
buena medida se mantienen los esquemas 
neoliberales y el modelo depredatorio, 
monoproductivo, orientado  a la exportación de 
recursos naturales y basado en la construcción de 
megaproyectos dirigidos a la consolidación de 
este modelo el cual produce incalculables daños a 
los pueblos originarios, las mujeres, las 
comunidades campesinas, las fuentes de agua, el 
medio ambiente y el desarrollo social, así como 
se mantiene un modelo energético no sostenible.

Señalamos que el mantenimiento de las políticas 
de libre comercio es obstáculo para la 
integración de los pueblos, la justicia social, 
la soberanía y la democracia y cualquier esfuerzo 
para retomar las negociaciones de liberalización 
en la OMC contribuirá a mantener el injusto orden 
internacional contribuyendo a profundizar la 
crisis alimentaria y climática, asi como también 
los TLCs y el ASPAN que precisan ser rechazados 
para que la integración que queremos pueda avanzar.

Por estas razones proponemos como alternativas desde los pueblos:

1.    Ligar el proceso de integración al cambio 
en el modelo productivo asegurando la soberanía 
alimentaria, que solo puede alcanzarse con la 
profundización de una Reforma Agraria, que 
permita planificar y controlar la producción de 
alimentos para atender a las necesidades de los 
pueblos, revalorizando la cultura agroalimentaria 
de los mismos, en una nueva organización de la 
vida y de las relaciones entre el campo y la 
ciudad. La integración debe  incluir también la 
complementariedad de las economías y el fomento a 
la producción sustentable. La biodiversidad y el 
conocimiento tradicional son patrimonio de 
nuestros pueblos, por ello exigimos el 
cumplimiento del convenio 169 de OIT y la 
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos 
Indígenas.  Asegurar que el uso humano y la 
preservación de las fuentes y acuíferos vitales 
al abastecimiento público estén en primer lugar 
en el ordenamiento jurídico y administrativo de 
nuestros países; que sea efectivizado un Comité 
Latinoamericano y Caribeño para el monitoreo y 
enfrentamiento de las causas y consecuencias del 
calentamiento global; y que se garantice a los 
pueblos originarios y tradicionales respeto en 
los procesos de desarrollo y prioridad en la 
aplicación de los fondos para la reparación de 
las injusticias climáticas que afectan nuestros países.

2.    Garantizar la soberanía de los países sobre 
los bienes naturales y sus fuentes energéticas, 
que no podrá ser alcanzada en detrimento de la 
soberanía alimentaria y del medio ambiente, y que 
permita alcanzar el bienestar de sus 
pueblos.  Llamamos a los gobiernos de la región a 
buscar soluciones dentro de marcos de justicia y 
solidaridad frente a la demanda del pueblo 
paraguayo en torno a la renegociación de los tratados de Itaipu y Yaciretá.

3.    Asegurar la primacía de los derechos 
humanos, la vigencia y exigibilidad de los 
derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, adoptando los instrumentos legales 
para ello. Exigimos garantizar los derechos de 
las y los migrantes y la libre circulación de 
personas y no solamente el flujo del capital y 
las mercancias. Demandamos el compromiso de los 
gobiernos en ratificar los Convenios 97 y 143 de 
la OIT y la Convención de la ONU sobre los 
Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Famílias.

4.    Considerando que los trabajadores y las 
trabajadoras son duramente afectados por la 
actual crisis del capitalismo, con despidos en 
masa, reducción de salarios y flexibilización de 
derechos, exigimos medidas que protejan los 
intereses del trabajo y hagan que los ricos 
paguen el precio de la crisis. Defendemos la 
reducción de la jornada de trabajo sin reducción 
de salarios, condicionar la liberación de 
recursos públicos para empresas con dificultades 
para mantener el nivel de empleo, ampliar el 
seguro de desempleo, ratificar y aplicar la 
Convención 158 de la OIT, y prohibir los despidos en masa.

5.    Denunciar la criminalización de las mujeres 
en su lucha por la autonomía y el derecho a 
decidir sobre sus cuerpos y sus vidas en la lucha 
por la legalización del aborto.

6.    Por entender que el acceso a la salud 
pública de calidad es un derecho de todos y 
todas, reivindicamos que los medicamentos y la 
propiedad intelectual no sean incluidos en la 
agenda de la OMC. Deseamos que los países tengan 
la posibilidad de construir un modelo alternativo 
de patentes que sirva a sus pueblos, y mecanismos 
de transferencia de tecnología al servicio de la soberanía popular.

7.    El modelo capitalista actual no es capaz de 
ofrecer tierra urbana y vivienda en una 
localización segura a los trabajadores y 
trabajadoras; denunciamos que el financiamiento 
del Banco Mundial y del BID en las ciudades ataca 
el derecho de la población al medio ambiente. 
Necesitamos de la democratización de los espacios 
públicos de las ciudades, con políticas 
intersectoriales de saneamiento, deporte y 
recreación; además de la redefinición de las 
prioridades del gasto público orientado a políticas redistributivas.

8.    Es necesario el fortalecimiento de la 
educación como un bien público, social, un 
derecho universal y un deber del estado. Exigimos 
el retiro de la educación de los acuerdos de la 
OMC. Reafirmamos la necesidad de una cooperación 
e integración tecnológica y científica, basada en 
valores solidarios, justos y soberanos.

9.    Demandamos la democratización de los medios 
de comunicación de América Latina e Caribe.

10.  Se advierte sobre el peligro que entraña la 
IV Flota (imperial) de los Estados Unidos que 
amenaza la paz de la región, ante lo cual, 
expresamos nuestro más categórico rechazo a la 
presencia del Comando Sur en nuestro 
continente.  Nos sumamos a la exigencia del 
pueblo haitiano para el inmediato proceso de 
retiro de todas las fuerzas armadas 
extranjeras.  Celebramos la ratificación de 
Ecuador para el retiro definitivo de la Base de 
Manta y su auditoria, y demandamos que no se 
desloque la base de Ecuador a Perú.  Denunciamos 
la creciente criminalización y judicialización de 
la protesta social, como así también la 
implementación de las llamadas leyes 
antiterroristas y advertimos al mismo tiempo una 
nueva ofensiva estadounidense para homologar 
nuestro marco jurídico regional con la Ley Patriota norteamericana.

11.   Las instituciones financieras 
multilaterales son las principales responsables 
de las actuales crisis económica, climática, 
alimentaria y energética. Los pueblos necesitamos 
de otras instituciones; su sola reforma 
significará la profundización de las crisis y 
resultará en una nueva etapa de endeudamiento 
ilegitimo para nuestros países. Reclamamos a los 
gobiernos de América Latina y el Caribe que se 
retiren de estas instituciones, incluyendo al 
CIADI; una simple reforma en el sistema de poder 
de decisión no va a superar su lógica.  Las 
deudas ilegitimas que se reclaman a nuestros 
países ya fueron pagadas varias veces y 
representan un mecanismo de dominación. Exigimos 
el reconocimiento del derecho al no pago y el 
compromiso de los gobiernos de priorizar los 
derechos de los pueblos y la naturaleza sobre el 
pago de una deuda financiera ilegítima. Saludamos 
el no pago de la deuda decidido por el gobierno 
ecuatoriano, respaldado por un proceso integral 
de auditoria, y nos solidarizamos con la 
intención de iniciar nuevos procesos en Paraguay, 
Bolivia, Venezuela y la creación de la CPI de la 
deuda en Brasil. Conclamamos a los demas 
gobiernos de la región y del mundo a respaldar la 
acción soberana del gobierno ecuatoriano, a 
emprender iniciativas similares y avanzar en la 
creación de nuevas instituciones, como el Banco 
del Sur, que pueden contribuir en la construcción 
de una nueva arquitectura financiera regional y global.

12.   Demandamos que los gobiernos reconozcan la 
deuda ecológica y que destinen recursos para la necesaria reparación ambiental.

13.   Fortalecer y dotar de herramientas eficaces 
y equitativas a los procesos de integración en 
curso, buscando su convergencia y superando sus 
deficiencias, especialmente en lo que se refiere 
a dotarlos de una institucionalidad operante, 
garantías para la superación de las asimetrías, 
resolución de los conflictos por medio del 
diálogo y teniendo como mira permanente el beneficio de la población.

14.  Pedimos el pleno reintegro de Cuba a la 
comunidad latino americana y caribeña y la 
eliminación del bloqueo a la isla y la libertad 
para los cinco patriotas cubanos presos injustamente en las cárceles de EUA.

15.   Exigimos la libertad y el fin de la 
persecución de las feministas nicaragüenses 
presas por defender los derechos sexuales y reproductivos de las muje

16.   Exigimos el fin de la criminalización de 
los movimientos sociales en nuestra región.

Llamamos a los pueblos de América Latina y el 
Caribe a la movilización para avanzar en la 
integración regional y la preservación de las 
conquistas realizadas y de la democracia, 
construyendo alternativas de cambio social que 
nos permitan la realización de una sociedad más justa, equitativa y soberana.

Salvador, Bahia, Brasil

14 de diciembre de 2008




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