[Noalca-l] Declaración de Bahía
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Mar Dic 16 12:00:22 CST 2008
Campaña Continental contra el ALCA
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Cumbre de los Pueblos del Sur
Salvador de Bahía, Brasil 12 al 15 de diciembre de 2008
Declaración de Bahía
Representantes de organizaciones y movimientos
sociales de América Latina y el Caribe, reunidos
a raíz de la histórica realización de cinco
cumbres simultáneas de presidentes de MERCOSUR,
UNASUR, ALADI, del Grupo de Rio y de América
Latina y Caribe en Salvador, Bahía.
Asumiendo el rumbo que marcan los resultados de
las Cumbres de los Pueblos realizadas en Posadas
2008, Lima 2008, Santiago de Chile 2007, Cochabamba 2006 y Mar del Plata 2005.
Reafirmando que los hombres y mujeres de América
Latina y Caribe venimos construyendo la
integración desde los pueblos, avanzando en la
disputa por la profunda transformación del modelo
productivo actual en una perspectiva soberana, sustentable y justa.
Teniendo en cuenta los cambios que se están
realizando en el escenario mundial a raíz del
desencadenamiento de la crisis económica del
sistema capitalista que es producto de las
políticas neoliberales de la globalización que
han sumido a la humanidad en una profunda crisis
energética, alimentaria, climática y social y
que ahora se expresan en la crisis económica y financiera.
Observando que bajo la conducción del actual
gobierno de Estados Unidos se busca dividir la
región, reeditar la fracasada propuesta del ALCA
y profundizar los esquemas de libre comercio,
apertura a las inversiones, endeudamiento en
varios países y militarización, y que la Unión
Europea busca impulsar políticas similares en nuestra región.
Reconociendo no obstante, que algunos gobiernos
de la región han iniciado caminos alternativos
de desarrollo planteando nuevas formas de
organización económica, constatamos el
mantenimiento de las políticas neoliberales que
han conducido a muchos pueblos a escala global a
la profundización de la pobreza, la
discriminación y el abandono de la capacidad de
los estados de promover el desarrollo económico y social.
Declaramos:
Asumir el compromiso de profundizar la
integración desde los pueblos, en este momento
histórico de lucha y movilización de América
Latina y el Caribe, construyendo la soberanía popular.
Por eso consideramos que la salida a la crisis
económica global debe tener como respuesta
estratégica la integración soberana de los países
de la región y la construcción de un nuevo orden
internacional económico, financiero, basado en la
solidaridad, la justicia y el respeto a la
naturaleza, que valorice el trabajo y que
incentive el derecho al desarrollo sustentable de
los Países del Sur. Las Américas que queremos
construir en la perspectiva de los pueblos deben
fundarse en los valores de solidaridad,
superación del patriarcado, y ser necesariamente
anti-racista, respetuosa de las culturas de los
pueblos originarios y de la diversidad como un
valor a ser defendido. En este sentido saludamos
y nos solidarizamos con los procesos
constitucionales en curso en Bolivia y en Ecuador.
Asi vemos con satisfacción que en la región se
impulse la autonomía, el fortalecimiento de los
mercados internos, el abandono del dólar como
referente en los cambios internacionales, el
dotarse de una capacidad financiera propia y el
replanteo de los esquemas ilegítimos de
endeudamiento, como lo ilustra el caso de la
auditoria en Ecuador. Así como a fortalecer la
democracia, y la autodeterminación, la no
injerencia en los asuntos de otros estados y la
búsqueda de una relación respetuosa y fraterna entre las naciones.
Señalamos con agrado que han surgido propuestas
de integración que reflejan el sentimiento
popular de aumentar los lazos solidarios, la
cooperación, el intercambio mutuamente
beneficioso y la superación de las inequidades.
Al mismo tiempo vemos con preocupación que en
buena medida se mantienen los esquemas
neoliberales y el modelo depredatorio,
monoproductivo, orientado a la exportación de
recursos naturales y basado en la construcción de
megaproyectos dirigidos a la consolidación de
este modelo el cual produce incalculables daños a
los pueblos originarios, las mujeres, las
comunidades campesinas, las fuentes de agua, el
medio ambiente y el desarrollo social, así como
se mantiene un modelo energético no sostenible.
Señalamos que el mantenimiento de las políticas
de libre comercio es obstáculo para la
integración de los pueblos, la justicia social,
la soberanía y la democracia y cualquier esfuerzo
para retomar las negociaciones de liberalización
en la OMC contribuirá a mantener el injusto orden
internacional contribuyendo a profundizar la
crisis alimentaria y climática, asi como también
los TLCs y el ASPAN que precisan ser rechazados
para que la integración que queremos pueda avanzar.
Por estas razones proponemos como alternativas desde los pueblos:
1. Ligar el proceso de integración al cambio
en el modelo productivo asegurando la soberanía
alimentaria, que solo puede alcanzarse con la
profundización de una Reforma Agraria, que
permita planificar y controlar la producción de
alimentos para atender a las necesidades de los
pueblos, revalorizando la cultura agroalimentaria
de los mismos, en una nueva organización de la
vida y de las relaciones entre el campo y la
ciudad. La integración debe incluir también la
complementariedad de las economías y el fomento a
la producción sustentable. La biodiversidad y el
conocimiento tradicional son patrimonio de
nuestros pueblos, por ello exigimos el
cumplimiento del convenio 169 de OIT y la
Declaración Universal de Derechos de los Pueblos
Indígenas. Asegurar que el uso humano y la
preservación de las fuentes y acuíferos vitales
al abastecimiento público estén en primer lugar
en el ordenamiento jurídico y administrativo de
nuestros países; que sea efectivizado un Comité
Latinoamericano y Caribeño para el monitoreo y
enfrentamiento de las causas y consecuencias del
calentamiento global; y que se garantice a los
pueblos originarios y tradicionales respeto en
los procesos de desarrollo y prioridad en la
aplicación de los fondos para la reparación de
las injusticias climáticas que afectan nuestros países.
2. Garantizar la soberanía de los países sobre
los bienes naturales y sus fuentes energéticas,
que no podrá ser alcanzada en detrimento de la
soberanía alimentaria y del medio ambiente, y que
permita alcanzar el bienestar de sus
pueblos. Llamamos a los gobiernos de la región a
buscar soluciones dentro de marcos de justicia y
solidaridad frente a la demanda del pueblo
paraguayo en torno a la renegociación de los tratados de Itaipu y Yaciretá.
3. Asegurar la primacía de los derechos
humanos, la vigencia y exigibilidad de los
derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, adoptando los instrumentos legales
para ello. Exigimos garantizar los derechos de
las y los migrantes y la libre circulación de
personas y no solamente el flujo del capital y
las mercancias. Demandamos el compromiso de los
gobiernos en ratificar los Convenios 97 y 143 de
la OIT y la Convención de la ONU sobre los
Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Famílias.
4. Considerando que los trabajadores y las
trabajadoras son duramente afectados por la
actual crisis del capitalismo, con despidos en
masa, reducción de salarios y flexibilización de
derechos, exigimos medidas que protejan los
intereses del trabajo y hagan que los ricos
paguen el precio de la crisis. Defendemos la
reducción de la jornada de trabajo sin reducción
de salarios, condicionar la liberación de
recursos públicos para empresas con dificultades
para mantener el nivel de empleo, ampliar el
seguro de desempleo, ratificar y aplicar la
Convención 158 de la OIT, y prohibir los despidos en masa.
5. Denunciar la criminalización de las mujeres
en su lucha por la autonomía y el derecho a
decidir sobre sus cuerpos y sus vidas en la lucha
por la legalización del aborto.
6. Por entender que el acceso a la salud
pública de calidad es un derecho de todos y
todas, reivindicamos que los medicamentos y la
propiedad intelectual no sean incluidos en la
agenda de la OMC. Deseamos que los países tengan
la posibilidad de construir un modelo alternativo
de patentes que sirva a sus pueblos, y mecanismos
de transferencia de tecnología al servicio de la soberanía popular.
7. El modelo capitalista actual no es capaz de
ofrecer tierra urbana y vivienda en una
localización segura a los trabajadores y
trabajadoras; denunciamos que el financiamiento
del Banco Mundial y del BID en las ciudades ataca
el derecho de la población al medio ambiente.
Necesitamos de la democratización de los espacios
públicos de las ciudades, con políticas
intersectoriales de saneamiento, deporte y
recreación; además de la redefinición de las
prioridades del gasto público orientado a políticas redistributivas.
8. Es necesario el fortalecimiento de la
educación como un bien público, social, un
derecho universal y un deber del estado. Exigimos
el retiro de la educación de los acuerdos de la
OMC. Reafirmamos la necesidad de una cooperación
e integración tecnológica y científica, basada en
valores solidarios, justos y soberanos.
9. Demandamos la democratización de los medios
de comunicación de América Latina e Caribe.
10. Se advierte sobre el peligro que entraña la
IV Flota (imperial) de los Estados Unidos que
amenaza la paz de la región, ante lo cual,
expresamos nuestro más categórico rechazo a la
presencia del Comando Sur en nuestro
continente. Nos sumamos a la exigencia del
pueblo haitiano para el inmediato proceso de
retiro de todas las fuerzas armadas
extranjeras. Celebramos la ratificación de
Ecuador para el retiro definitivo de la Base de
Manta y su auditoria, y demandamos que no se
desloque la base de Ecuador a Perú. Denunciamos
la creciente criminalización y judicialización de
la protesta social, como así también la
implementación de las llamadas leyes
antiterroristas y advertimos al mismo tiempo una
nueva ofensiva estadounidense para homologar
nuestro marco jurídico regional con la Ley Patriota norteamericana.
11. Las instituciones financieras
multilaterales son las principales responsables
de las actuales crisis económica, climática,
alimentaria y energética. Los pueblos necesitamos
de otras instituciones; su sola reforma
significará la profundización de las crisis y
resultará en una nueva etapa de endeudamiento
ilegitimo para nuestros países. Reclamamos a los
gobiernos de América Latina y el Caribe que se
retiren de estas instituciones, incluyendo al
CIADI; una simple reforma en el sistema de poder
de decisión no va a superar su lógica. Las
deudas ilegitimas que se reclaman a nuestros
países ya fueron pagadas varias veces y
representan un mecanismo de dominación. Exigimos
el reconocimiento del derecho al no pago y el
compromiso de los gobiernos de priorizar los
derechos de los pueblos y la naturaleza sobre el
pago de una deuda financiera ilegítima. Saludamos
el no pago de la deuda decidido por el gobierno
ecuatoriano, respaldado por un proceso integral
de auditoria, y nos solidarizamos con la
intención de iniciar nuevos procesos en Paraguay,
Bolivia, Venezuela y la creación de la CPI de la
deuda en Brasil. Conclamamos a los demas
gobiernos de la región y del mundo a respaldar la
acción soberana del gobierno ecuatoriano, a
emprender iniciativas similares y avanzar en la
creación de nuevas instituciones, como el Banco
del Sur, que pueden contribuir en la construcción
de una nueva arquitectura financiera regional y global.
12. Demandamos que los gobiernos reconozcan la
deuda ecológica y que destinen recursos para la necesaria reparación ambiental.
13. Fortalecer y dotar de herramientas eficaces
y equitativas a los procesos de integración en
curso, buscando su convergencia y superando sus
deficiencias, especialmente en lo que se refiere
a dotarlos de una institucionalidad operante,
garantías para la superación de las asimetrías,
resolución de los conflictos por medio del
diálogo y teniendo como mira permanente el beneficio de la población.
14. Pedimos el pleno reintegro de Cuba a la
comunidad latino americana y caribeña y la
eliminación del bloqueo a la isla y la libertad
para los cinco patriotas cubanos presos injustamente en las cárceles de EUA.
15. Exigimos la libertad y el fin de la
persecución de las feministas nicaragüenses
presas por defender los derechos sexuales y reproductivos de las muje
16. Exigimos el fin de la criminalización de
los movimientos sociales en nuestra región.
Llamamos a los pueblos de América Latina y el
Caribe a la movilización para avanzar en la
integración regional y la preservación de las
conquistas realizadas y de la democracia,
construyendo alternativas de cambio social que
nos permitan la realización de una sociedad más justa, equitativa y soberana.
Salvador, Bahia, Brasil
14 de diciembre de 2008
Difusión de la Campaña Continental contra el ALCA:
http://movimientos.org/noalca/
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