[Noalca-l] CAOI: El conflicto es con el modelo económico

[RMALC]

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*COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI*

*Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina*

* *

*EL CONFLICTO NO ES ENTRE REGIONES: *

*ES CON EL MODELO ECONÓMICO*

* *

*/Una adecuada distribución del Impuesto a la Renta y un impuesto a las 
sobreganancias mineras resolvería las demandas de Moquegua sin afectar a 
Tacna/*

 

La explosión social suscitada en la región Moquegua pudo evitarse. No es 
con una caricatura de diálogo entre el Gobierno Central y las 
autoridades regionales y locales, mientras se ordena reprimir a sangre y 
fuego a la población, que se va a lograr la 'paz social' que reclama el 
Poder Ejecutivo. Esa es solo una maniobra para 'calmar las aguas' y así 
poder seguir otorgando más y más gollerías a las empresas mineras. Es 
decir, cuando no hay forma de resolver en el diálogo, la solución es vía 
la represión.

 

Tampoco se trata de pedirle a la compañía Southern Perú que divida sus 
contabilidades por región, sin tocar para nada los impactos sociales, 
económicos, culturales y ambientales de la actividad minera contra las 
comunidades campesinas. ¿Por qué Moquegua recibiría en el 2009 solo 178 
millones de nuevos soles y Tacna 712, si la primera región (Cuajone) 
produce 182 toneladas métricas de cobre (52%) y la segunda (Toquepala) 
177 toneladas métricas (48%)? Porque, inexplicablemente, el canon se 
fija sobre la base de la cantidad de tierra removida y no sobre el nivel 
de producción.

 

Pero la solución no pasa solamente por la necesaria reforma del Canon 
Minero. La pregunta de fondo es: ¿por qué el Gobierno Central se queda 
con la mitad del total recaudado por Impuesto a la Renta y solo la otra 
mitad se convierte en canon para ser distribuido entre todos los 
gobiernos regionales y locales, que son los que producen esa renta y 
sufren los impactos de la actividad minera? Y ese 50% se distribuye en 
los gobiernos regionales, locales y hasta los trabajadores, cuando las 
comunidades son dueñas de los territorios donde se ubican los yacimientos.

 

No entendemos por qué el Gobierno Central pretende dialogar sobre un 
fondo que le corresponde a las regiones. La salida correcta es que el 
cien por ciento de ese Impuesto a la Renta sea distribuido entre los 
gobiernos regionales y locales, con lo cual Moquegua y Tacna y todas las 
zonas mineras recibirían lo que realmente les corresponde, sobre la base 
de los volúmenes de producción de minerales.

 

¡Pero no!, se alarma el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del 
Castillo Gálvez: ese 50% que se queda con el Gobierno Central es para 
equipar a las fuerzas del orden. Es decir, los pueblos afectados por la 
actividad minera, los que producen esa renta, la entregan para otros 
gastos del Ejecutivo y para que la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas estén bien equipadas para reprimirlos cuando protestan contra 
los impactos de la minería y los exiguos montos que reciben por concepto 
de canon minero.

 

Para este problema también hay una solución: que Alan García cumpla su 
promesa electoral de aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, 
lo cual generaría recursos que permitirían atender no solo el 
eqquipamiento y las demandas salariales de la policía y las fuerzas 
armadas, sino también ampliar considerablemente la cobertura de los 
servicios básicos y los programas sociales, así como la atención en 
salud y educación.

 

El impuesto a las sobreganancias se justifica porque las empresas 
mineras jamás han pagado un solo centavo por la extracción de la materia 
prima.

 

Lo anterior implica un cuestionamiento al modelo económico neoliberal, 
diseñado para facilitar el saqueo de nuestros bienes naturales y 
multiplicar las ganancias de las empresas transnacionales. Sería un 
pequeño paso para empezar a hablar de una verdadera descentralización y 
de un gobierno para las mayorías nacionales, no para los grandes capitales.

 

El país requiere un justo diseño y una equitativa distribución del 
canon, así como un impuesto a las sobreganancias mineras. Y estas son 
soluciones en el plazo inmediato, mientras las comunidades y el conjunto 
de los movimientos sociales, construimos un proceso que reconozca los 
derechos de los pueblos a decidir sobre el uso de sus bienes naturales. 
Finalmente, en el Perú requerimos un nuevo marco constitucional que 
equilibre las demandas, para tener un país que trabaje con justicia y 
equidad en un Estado Plurinacional.

 

*/Lima, 17 de junio de 2008./*

*/ /*

*/Miguel Palacín Quispe/*

*/Coordinador General CAOI./*




 
*Miguel Palacin Quispe*
*511-2651061*

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