[Noalca-l] Honduras: Políticos, empresarios y militares

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Honduras: Políticos, empresarios y militares: 
protagonistas de un golpe anunciado


Leticia Salomón*

A. LOS HECHOS

1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE

El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de 
militares rodearon la residencia del Presidente 
de la República, Manuel Zelaya Rosales 
(2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la 
Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa 
Rica, en un acto similar al que realizaban los 
militares en el pasado cuando querían deshacerse 
de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El 
detonante principal fue la convocatoria a una 
encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, 
promovida por el Presidente de la República, a 
través de la cual se le consultaría a la 
ciudadanía si deseaba que en las elecciones de 
noviembre se colocara una cuarta urna (las otras 
tres corresponden al Presidente, a los diputados 
y a los alcaldes) para votar por la instalación 
de una Asamblea Nacional Constituyente en el 
2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de 
una nueva Constitución de la República.

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO

El golpe de Estado se venía gestando desde varios 
días atrás, alimentado por una confrontación 
creciente entre los tres poderes del Estado, 
específicamente entre los poderes Legislativo y 
Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las 
manifestaciones más evidentes fue el 
desconocimiento por dos poderes del Estado, de la 
decisión del Presidente de la República de 
destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a 
cumplir una orden del Ejecutivo, facultad 
establecida en la propia Constitución de la 
República que se enmarca dentro de la 
subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas 
al poder legítimamente constituido. La 
restitución del mencionado General en su cargo en 
una operación relámpago por parte de la Corte 
Suprema de Justicia y similar acción por parte 
del Congreso Nacional, que llegó al extremo de 
declarar héroe nacional al militar, constituyó un 
atentado a la independencia de poderes y llevó al 
límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.

La decisión de consumar el golpe de Estado se 
tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo 
Presidente del Congreso pidió al pleno declarar 
deshabilitado al Presidente de la República para 
continuar desempeñando su cargo, y procedió a 
constituir una Comisión de Dictamen cuya 
resolución no se produjo con la celeridad que se 
esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador 
de los Estados Unidos para apoyar la 
inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.

3. EL DESENCADENANTE

La Constitución vigente en Honduras data de 1982 
y en ella no se contemplan los mecanismos para 
revisarla y crear una nueva. Los constituyentes 
de la época, conscientes de las debilidades de 
los partidos políticos tradicionales, 
establecieron un conjunto de artículos 
denominados “pétreos” y una advertencia 
encaminada a considerar como delito cualquier 
intento de reformarla. La iniciativa del 
Presidente Zelaya de impulsar una 
consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la 
ciudadanía si quería que se colocara una cuarta 
urna en las elecciones generales de 2009, para 
decidir sobre la instalación de una Asamblea 
Nacional Constituyente que se encargaría de 
reformar la constitución, recibió una reacción 
adversa de la clase política que recordaba 
constantemente que en el pasado autoritario esa 
propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, 
derivado de ello, el empeño continuista del 
Presidente de la República. A partir de ese 
momento, todo intento del Presidente para 
realizar la consulta chocaba con la oposición del 
Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, 
después. Ambos intensificaban su oposición 
emitiendo constantes y veloces fallos de 
ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, 
relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la 
fase de consulta o en la fase de encuesta.

B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA

Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:

1. intereses político-partidarios, que 
aglutinaron a seguidores del Presidente del 
Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato 
perdedor en las elecciones primarias del partido 
Liberal, con un fuerte resentimiento con el 
presidente del Poder Ejecutivo por no haberle 
dado el apoyo suficiente para asegurar su 
triunfo; militantes del partido Nacional, que 
vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como 
una amenaza al triunfo del candidato de su 
Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos 
de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia 
Cristiana, que se posicionaron al lado del 
presidente del Congreso Nacional en la 
confrontación de poderes del Estado (la excepción 
la constituyó el partido Unificación Democrática 
de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).

2. Intereses político-institucionales, en torno a 
los que se agruparon las siguientes 
instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de 
cuyos miembros ocho son del partido Liberal, 
incluido su presidente, y siete son del partido 
Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el 
Congreso Nacional a propuesta de una Junta 
Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de 
subordinación hacia el partido que votó por ellos 
y, en el caso del Presidente (de la Corte 
Suprema) mantiene una relación de dependencia 
directa con respecto al Presidente del Congreso 
Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el 
Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, 
y el Fiscal General Adjunto, del partido 
Nacional, ambos nombrados recientemente por el 
Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones 
entre las bancadas en las que el presidente 
Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría 
General de la República, liberal nombrada por el 
Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su 
partido d) Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego 
de intensas negociaciones con el partido Liberal 
y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo 
altamente partidizado cuyo presidente pertenece 
al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.

3. Intereses económicos, que juntaron a 
dirigentes empresariales de las organizaciones 
gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP) y Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), que estaban disgustados con 
la decisión presidencial de aumentar 
unilateralmente el salario mínimo en diciembre 
anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.

4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a 
los principales dueños de medios de comunicación 
a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de 
canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena 
de radio y varias radios menores, b) Carlos 
Flores, también del Partido Liberal, ex 
presidente de Honduras y dueño de Diario La 
Tribuna, de mucha influencia en la zona central 
del país y padre de la Vicepresidenta del 
Congreso Nacional a quien colocó por su amistad 
con Roberto Micheletti, entonces Presidente del 
Congreso Nacional, con una relación de 
dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge 
Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los 
diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte 
influencia en la zona central el primero y 
nacional el segundo, confrontado con el gobierno 
desde el inicio, por cuestiones partidarias y por 
quedar excluido de los contratos del gobierno. 
Desde dos años atrás el presidente comenzó a 
señalar a los "poderes fácticos" que lo 
presionaban para conseguir beneficios económicos, 
dentro de los cuales se encontraban los 
empresarios de medios de comunicación y otras 
actividades económicas, que se han señalado.
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C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS

1. El presidente quería imponer la democracia participativa

La clase política del país, representada en el 
Congreso Nacional a través de los partidos 
actualmente constituidos, ha manifestado una 
resistencia creciente a aceptar nuevas formas de 
democracia, como la participativa, argumentando 
que la democracia representativa es la única 
forma de ejercicio de la democracia y que los 
diputados al Congreso Nacional son los únicos 
facultados para opinar sobre los asuntos 
públicos. La idea de consultar a la ciudadanía 
para opinar sobre un asunto de trascendencia 
nacional, como la creación de una nueva 
Constitución adaptada a los cambios que ha 
experimentado el contexto nacional e 
internacional luego de 28 años de haber sido 
emitida, alteró la calma legislativa y sus 
diputados comenzaron a argumentar que la 
Constitución de la República no se podía cambiar 
porque los constituyentes que emitieron la 
Constitución de 1982, actualmente vigente, 
decidieron que habían artículos pétreos que 
hacían imposible que la Constitución fuera reformada.

2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales

La insistencia del Presidente de la República de 
continuar adelante con la idea de la cuarta urna, 
pese a la oposición del Poder Legislativo, 
secundada por el Poder Judicial, llevó al límite 
la confrontación entre los poderes del Estado y 
todos ellos terminaron con argumentaciones y 
contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron 
la politización partidaria del Poder Judicial que 
se posicionó al lado del Poder Legislativo en el 
conflicto entre Poder Legislativo y Poder 
Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido 
un conflicto exclusivamente jurídico, que debía 
resolverse en los tribunales de Justicia, se 
convirtió en un problema esencialmente político 
que se manejó públicamente como problema 
jurídico, aunque privadamente, a través de 
negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la 
alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.

3. El Presidente pretendía continuar en el poder

El argumento del continuismo comenzó a ser 
utilizado por el Congreso Nacional, secundado por 
los dueños de medios de comunicación, la empresa 
privada, sectores conservadores, personas y 
grupos interesados, y militares retirados que 
comenzaron a plantar la idea de que el presidente 
quería continuar en el poder, a pesar de su 
reiterada afirmación de que él estaría en el 
gobierno hasta el último día de su mandato y que 
la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea 
del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En 
esta percepción pudieron influir declaraciones 
iniciales contradictorias por parte de 
funcionarios allegados al Presidente de la 
República, que pudieron contribuir a confundir a 
los sectores en confrontación sobre este tema, 
aunque el mismo adquirió su propia dinámica y 
comenzó a repetirse una u otra vez por parte de 
todos los componentes de la alianza 
política-económica-mediática, hasta lograr un 
alto nivel de manipulación y desinformación.

4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país

La cercanía del Presidente Zelaya con los países 
integrantes de la Alianza Bolivariana de las 
Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen 
de centro izquierda que incomodó a empresarios y 
políticos que comenzaron a asociar todas las 
decisiones gubernamentales con acciones 
encaminadas a instaurar el comunismo en el país, 
situación que fue hábilmente manipulada por los 
medios de comunicación y repetida insistentemente 
por los militares retirados que adquirieron un 
protagonismo creado y estimulado por las fuerzas 
opositoras al gobierno. La cercanía a los países 
de la ALBA, en particular, Venezuela, Nicaragua y 
Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y 
ciudadanos de estos países, y a considerar que la 
presencia de sus diplomáticos en el país 
constituía una amenaza para la democracia.

5. El Presidente ha incumplido sus funciones

El tema de la cuarta urna desplazó a todos los 
otros temas de la agenda nacional, acaparando la 
atención de legisladores, funcionarios y medios 
de comunicación, al extremo que medios de 
comunicación de la alianza 
político-económica-mediática dedicaban espacios 
casi completos a cuestionar el tema y, por 
supuesto, el gobierno utilizaba el canal del 
Estado y un par de canales más, para defender su 
posición en torno a la cuarta urna. La alianza 
opositora continuó cuestionando la insistencia 
presidencial en mantener el tema y decidieron 
cuestionarlo por la falta de atención, que según 
ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.

D. EL PAPEL DE LOS MILITARES

Conforme avanzaba la confrontación entre poderes 
del Estado, en una evidente crisis de 
ingobernabilidad política, la alianza opositora 
comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la 
Junta de Comandantes, para pedirles que no 
obedecieran las órdenes del presidente de la 
República, de repartir las cajas para la encuesta 
de opinión en todo el país. A la vez que 
negociaba con la cúpula militar en privado, 
colocaba en la agenda pública a militares 
retirados, protagonistas de la década de los 
ochenta, formados en plena guerra fría, 
reafirmando posiciones anticomunistas, incitando 
a la desobediencia y haciendo llamados a la 
insubordinación de los militares activos. La 
crisis permitió que personajes sumados en el 
anonimato adquirieran visibilidad y se 
convirtieran en referentes notables para los 
medios de comunicación de la alianza opositora, 
militarizando la agenda de los medios y 
polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente 
enfrentados, los que estaban a favor y los que 
estaban en contra. La destitución del Jefe del 
Estado Mayor y la renuncia del Secretario de 
Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia 
lógica de la presión político-jurídica a que se 
vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.

Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían 
como víctimas de la polarización civil en el 
plano político. A partir de ahí y luego de la 
restitución político-judicial del General en su 
cargo, y después de su reconocimiento público en 
el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por 
haberle desobedecido al Presidente de la 
República, el militar comenzó a participar en 
marchas y protestas callejeras, y a dar 
entrevistas para los medios opositores, 
definiéndose claramente del lado de la alianza 
político-económica-mediática. La Junta de 
Comandantes, constituida por los Jefes de las 
tres fuerzas y el Inspector General, además del 
propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió 
involucrarse en la confrontación tomando partido 
por la alianza opositora y ejecutando el golpe de 
Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años 
de profesionalización y creciente subordinación 
militar a los gobiernos legítimamente 
constituidos fueron echados por la borda por los 
Comandantes militares que prefirieron anteponer 
sus intereses y rencores particulares, y sucumbir 
ante el poder económico y político, cometiendo 
uno de los errores más grandes que marcarán 
negativamente a su institución. En estos 28 años 
de construcción democrática, las Fuerzas Armadas 
lograron construir paso a paso una fuerte 
legitimidad ante la sociedad, al grado que 
aparecían en las encuestas con un nivel de 
aceptación similar al de la iglesia católica. 
Verlos en la calle, al lado de la Policía, 
persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños 
que se plantaron para rechazar el golpe de 
Estado, representa un retroceso grave por el cual 
pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.

E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el 
domingo 28 de junio pasará a la historia del país 
como un ejemplo de los extremos a los que puede 
conducir la combinación de intolerancia, 
manipulación del significado de la democracia, 
intereses personales, ideologización del 
conflicto político y rivalidades 
intrapartidarias. Lo más lamentable es la 
reproducción de los viejos métodos militares que 
combinaban mentiras sostenidas como verdades, 
silencio oficial ante la situación crítica, 
sometimiento de los medios de comunicación 
opuestos al golpe, desinformación, ausencia de 
información sobre lo que ocurre, intervención de 
teléfonos, detención de funcionarios, represión 
de manifestantes, interrupción del fluido 
eléctrico, intento de controlar la comunicación 
electrónica y auto proclamación como defensores 
de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie 
de contradicciones en que incurrieron los 
diputados y allegados, reproducidas fielmente por 
los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:

1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo

La justificación del golpe de Estado fue la 
renuncia que supuestamente había firmado y 
sellado el presidente de la República el domingo 
28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por 
razones de salud y para preservar la paz de la 
nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 
de junio, fecha en que se había planificado el 
golpe de Estado como producto de las 
conversaciones entre el presidente del Congreso 
Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en 
la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.

2. Sustitución versus derrocamiento

La argumentación central utilizada por los 
diputados del Congreso Nacional es que ante el 
vacío dejado por la renuncia del Presidente de la 
República, el Congreso Nacional se ve obligado a 
sustituirlo por el Presidente del Congreso, a 
quien le toca constitucionalmente la sucesión en 
el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus 
allegados han caído en contradicciones al repetir 
que el presidente ha sido derrocado, relevado de 
su cargo, inhabilitado o separado del mismo por 
incumplir órdenes judiciales. El Decreto 
Legislativo estableció improbar la actuación del 
Presidente de la República y separarlo de su cargo.

3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios

El Congreso Nacional ha asumido posiciones 
bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha 
aparecido como un poder del Estado confrontado 
con otro poder del Estado, sin distinciones 
partidarias entre liberales y nacionalistas, 
aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus 
propios intereses, como la distribución de cargos 
públicos en los siete meses que faltan para que 
el Presidente Zelaya termine su período 
presidencial, y la distribución de cargos en el 
Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo 
gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe 
confiando que esta crisis ahondaría las 
diferencias del partido Liberal y les haría 
perder las elecciones de noviembre. Los liberales 
apostaron al golpe pensando que el control del 
gobierno por siete meses les permitirá disponer 
de recursos públicos para financiar su campaña y 
ganar los comicios de noviembre.

4. De candidato perdedor a presidente de facto

La pérdida de las elecciones primarias de su 
partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un 
obstáculo para incorporarlo como socio menor en 
el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza 
lo fortalecía frente al Presidente quien lucía 
aislado de su partido. El resentimiento generado 
como resultado de sus frustradas aspiraciones 
presidenciales por la vía legal, se vio 
compensado ante la posibilidad de ser presidente 
por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.

F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS

Es indudable que la crisis político-institucional 
que desembocó en el golpe de Estado del 28 de 
junio, tiene raíces en la estructura del sistema 
político y en sus debilidades para enfrentar 
adecuadamente los retos que supone la 
construcción de la democracia en nuestro país, 
entre las cuales podemos señalar las siguientes:

1. Politización partidaria de las instituciones

Todas las instituciones del Estado son políticas 
por naturaleza, pero imprimirle un sello 
partidario excluyente, subordinado e 
irrespetuoso, traspasa los límites de lo 
aceptable y se convierte en una debilidad que 
puede convertirse en una amenaza para el 
fortalecimiento democrático. La falta de 
independencia y la limitación de la autonomía 
para desempeñarse frente a la ciudadanía se 
convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado 
en esta crisis con dimensiones tan grandes que 
deben motivar a una profunda reflexión.

2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo

En los últimos años se ha observado una creciente 
tendencia a la confrontación entre los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los 
dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a 
definirse los precandidatos y candidatos a la 
Presidencia de la República. Un factor 
explicativo clave es el lanzamiento de las 
candidaturas presidenciales de los presidentes 
del Congreso Nacional que lleva al parlamento a 
poner distancia ante el poder Ejecutivo e 
inclusive confrontarlo, para obtener una mayor 
aceptación popular o para comenzar a ejercer el 
poder antes de obtenerlo. En años pasados se 
realizó una reforma encaminada a impedir que este 
tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes 
haber renunciado a su cargo, pero la misma 
politización de las instituciones, en particular 
del Sistema Judicial, ha hecho que los dos 
últimos presidentes de ese poder del Estado hayan 
lanzado sus candidaturas a pesar de la 
prohibición derivada de una reforma constitucional.

3. Incapacidad política para lograr acuerdos

De manera creciente se ha observado la 
incapacidad política para articular consensos y 
alcanzar acuerdos, característica que libró en el 
pasado a nuestro país de los enfrentamientos 
bélicos que se produjeron en otros países de 
Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su 
máxima expresión en la crisis que condujo al 
actual golpe de Estado, situación que pudo 
evitarse si hubiera existido voluntad política 
para ceder en las dos partes en conflicto, mayor 
disposición a la negociación y mejor preparación 
para la solución pacífica de los conflictos.

4. Recurrencia a poderes arbitrales

Una gran debilidad del sistema político 
hondureño, muy vinculada a la anterior, es la 
constante búsqueda de poderes arbitrales para 
solucionar los conflictos. La recurrencia a las 
Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha 
caracterizado históricamente, aunque esta 
decisión ha terminado siempre, como ahora, en 
golpes de Estado, luego de otorgarles un 
protagonismo político que no les corresponde. Una 
nueva manifestación de esta tendencia se expresa 
en la recurrencia a las iglesias como factor 
mediador y arbitral, papel que tampoco les 
corresponde por la condición laica del Estado 
hondureño. En este proceso de polarización y 
posterior golpe de Estado, las iglesias 
hondureñas, tanto la católica como las 
evangélicas, no sólo fallaron en su papel 
mediador sino que se inclinaron por una de las 
fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e 
intensificando la polarización. Esta tendencia es 
negativa porque le concede protagonismo político 
a dos instituciones que no deben tenerlo porque 
ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.

5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación

Una característica relativamente nueva del 
sistema político hondureño es la intolerancia a 
los que son y piensan diferente; el irrespeto al 
otro, incluidas las máximas autoridades de 
nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos 
en confrontación. Esta situación se ha observado 
con mucha preocupación en la crisis actual tanto 
en el ámbito político como en el ámbito social. 
Llama la atención que la confrontación llegó al 
límite, provocada y estimulada por los medios de 
comunicación de la alianza opositora, impregnando 
a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una 
característica de los medios de comunicación en 
general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión 
de la privacidad, agresión, acusaciones 
infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo 
que imposibilita más la búsqueda de consensos y 
la solución pacífica de los conflictos.

G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO

Si no fuera por el drama provocado por el golpe 
de Estado, la detención y expulsión del 
Presidente de la República, la represión de 
manifestantes, las violaciones a las garantías 
individuales y los controles a la libertad de 
expresión, provocaría hilaridad la forma en que 
los políticos hondureños definen la democracia, 
el orden democrático y el fortalecimiento 
institucional. Mantienen el viejo concepto 
ideologizado de democracia que colocaba a los 
militares como sus máximos defensores, consideran 
orden democrático al castigo impuesto al 
Presidente de un poder del Estado por atreverse a 
desafiar al Congreso Nacional y denominan 
fortalecimiento institucional a la rapidez con 
que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. 
La situación se volvería más hilarante si los 
escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no 
puede definirse como un golpe de Estado: no lo 
es, dicen, porque siguen existiendo los tres 
poderes, no se ha roto el orden constitucional y 
no hay militares al frente de las instituciones del Estado.

Los políticos hondureños le han dado un fuerte 
golpe al proceso de construcción democrática que 
se ha venido gestando en los últimos 28 años, 
demostrando intolerancia, irrespeto a la 
independencia de poderes, autoritarismo, 
ignorancia de los cambios que se han producido en 
el contexto internacional, ambiciones desmedidas, 
subordinación a los grupos económicos y un 
profundo irrespeto al Estado de Derecho.

Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del 
rompimiento del orden constitucional y le 
provocaron un profundo daño a su imagen 
institucional, sustituyendo su condición 
profesional, apolítica y no deliberante, por la 
condición peyorativa de gorilas con que se les 
conocía hasta la década de los ochenta. Se 
sumaron al juego de los protagonistas de la 
alianza político-económica y mediática, y se 
convirtieron en instrumento para que ellos 
lograran sus objetivos y se quedaran con la 
gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.

Todas las personas, grupos y políticos tienen 
derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos 
que caracterizan a los países de nuestro 
continente; a lo que no tienen derecho es a 
imponer su criterio particular como criterio 
general de la sociedad, a impedir que un 
presidente termine su mandato constitucional 
porque no comparten con él sus simpatías 
personales con otros presidentes y a impedir que 
la ciudadanía sea consultada sobre cualquier 
tema, incluyendo la elaboración de una nueva 
Constitución. Manifestarse sobre estos y otros 
temas, es también un derecho de todos, pero 
expresar públicamente nuestras preferencias y 
gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.

• Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un 
acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza 
política-económica y mediática asuman el 
significado de esta frase, será un gran indicador 
de avance en cultura política democrática.
• Reconocer y respetar la coexistencia de 
personas, partidos y países que son o piensan 
diferentes, será un gran indicador de que las 
Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
• Emitir una opinión no implica obligatoriamente 
estar a favor o en contra, cuando la sociedad 
hondureña asuma este criterio, será un gran 
indicador de su capacidad para debatir y proponer.


Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009

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* Leticia Salomón es socióloga y economista, profesora-investigadora del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras e investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras
(CEDOH). Autora de varios libros de análisis político-social.


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