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Colombia y Panamá, escalas del dinero sucio
Cómo EEUU financia la desestabilización en Latinoamérica


Allan G. Greenberg*

ALAI AMLATINA, 21/07/2009.- Investigadores de las 
instituciones universitarias estadounidenses han 
detectado en el marco del proceso que culminó con 
el derrocamiento del gobierno constitucional de 
Honduras, la participación de empresas y 
fundaciones vinculadas a bancos que se han 
involucrado en actividades desestabilizadoras en 
Venezuela, como el manejo de transferencias de 
dinero usando la vía de Panamá y de Colombia.

Los recursos para adelantar esa actividad salen a 
través de canales del sistema financiero y 
también mediante el envío en físico de fuertes 
sumas de dinero en moneda estadounidense. Los 
recursos se envían por intermedio de la fundación 
de un banco actualmente con graves problemas, y 
luego son distribuidos entre los beneficiarios 
“luchadores pro la libertad y la democracia”.

Las nuevas formas de financiamiento a la 
desestabilización del continente tienen como 
objetivo burlar los controles instalados no solo 
por el gobierno venezolano, sino también por los 
de Bolivia, Ecuador y Brasil. Hoy, se tiene 
absoluta certeza de que la National Endowment for 
Democracy (NED) está utilizando suelo panameño y colombiano.

Para abastecer financieramente a la oposición 
venezolana, por ejemplo, el dinero es colocado en 
el banco Davidendo, en cuentas pertenecientes a 
colombianos testaferros, reclutados especialmente 
para ellos por los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos. Los miembros de la oposición 
venezolano viajan hasta la limítrofe ciudad 
colombiana de Cúcuta a fin de buscar el dinero, 
aprovechando la amplia frontera de más de dos mil 
kilómetros entre ambos países y las facilidades 
existentes para cruzar la línea limítrofe 
utilizando solamente la cédula de identidad.

Los testaferros colombianos retiran el dinero de 
la cuenta, se lo entregan a los venezolanos, y 
los custodian hasta su cruce a los estados 
venezolanos de Táchira y Zulia, gobernados por la 
oposición. Precisamente fue el 28 de mayo último 
cuando dirigentes estudiantiles opositores 
recibieron por esta vía la suma de 40 mil dólares 
para preparar acciones desestabilizadoras 
presumiendo que el gobierno bolivariano iba a 
cerrar la planta televisora Globovisión e 
intervenir la Universidad Central de Venezuela.

Pero nada de eso se dio, y el dinero 
aparentemente fue utilizado en actividades 
tendientes a provocar al gobierno constitucional. 
Nadie cree que el dinero haya sido devuelto a la NED.

Estas actividades corresponden a una gigantesca 
operación continental destinada a contener y a 
revertir los procesos de transformación social en 
la región. El golpe de estado en Honduras, el 
primero bajo la administración del presidente 
Barack Obama, representa un punto de quiebre de 
la inteligencia estadounidense contra los gobiernos populares.

Se trata de un verdadero globo de ensayo de toda 
una operación contra la izquierda latinoamericana 
del nuevo gobierno demócrata, cuyos próximos 
escenarios de acción serían Paraguay, Bolivia y 
un incremento de la desestabilización en 
Venezuela para colocar a la defensiva al gobierno 
de Hugo Chávez, donde las actividades coordinadas 
desde Colombia marcarán los tiempos.

Apenas terminada la reunión de la OEA, el 
gobierno de Estados Unidos, anunció la 
instalación de una base militar en Colombia, para 
sustituir a la de Manta, Ecuador, de donde serán desalojados en breve.

En Colombia, las bases militares estadounidenses 
siempre han cumplido una función clara, que muy 
poco tiene que ver con la tergiversación oficial 
de su cometido, la del combate al narcotráfico. 
La militarización constituye el armazón primario 
sobre el que se monta el proceso de colonización 
de los Estados Unidos en la región, que se 
complementa con el andamiaje el económico.

Las actuales bases de Tres Esquinas y Larandia, 
en el departamento de Caquetá, y de 
Villavicencio, en el departamento del Meta, que 
operan con la presencia de aviones y la 
inteligencia técnica del Pentágono, llevan tiempo 
apoyando el combate a los grupos subversivos, 
vigilando las fronteras. Las nuevas 
instalaciones, según lo reveló la revista 
colombiana Cambio, son las cinco principales 
bases de la Fuerza Aérea y la Armada en el país: 
Apiay, Malambo, Palanquero, Cartagena y Bahía de 
Málaga, las que harían parte de la nueva “arquitectura del teatro” del Comando.

El gobierno de Estados Unidos perfeccionó durante 
la última administración de George Bush un método 
de injerencia que logra penetrar e infiltrar 
todos los sectores de la sociedad en los países 
de su interés económico y político, a través de 
la NED y la apertura de lo que en Venezuela se 
dio en llamar oficina de transición (OTI, por sus 
siglas en inglés) de la USAID.

Desde hace al menos seis años, los organismos de 
inteligencia eligieron a grupos estudiantiles 
–alumnos de “institutos privados de elite como la 
prominente universidad católica de Caracas”, 
según el diario- como cabeza de playa para la 
desestabilización en Venezuela. De la denuncia se 
ha encargado el diario Washington Post 
(03-12-2007) que confirmó la intervención 
económica de la USAID en ayuda de estos grupos opositores.

La nota, firmada por el corresponsal en 
Latinoamérica, Juan Forero, citaba al 
investigador de la National Security Archive de 
la Universidad George Washington, quien en base a 
documentos oficiales del gobierno de Estados 
Unidos, afirmó que grupos estudiantiles 
venezolanos recibieron desde 2003 considerables 
sumas de dinero de USAID para su “promoción de la 
democracia” y “otros programas”.

El diario citaba también a una portavoz de la 
embajada estadounidense en Caracas, Jennifer 
Rahimi, quien señaló que Estados Unidos apoya 
“actividades no partidistas de la sociedad 
civil”, pero que no financia a los movimientos de 
oposición. “No hay ninguna conspiración para 
influenciar el resultado del referendo constitucional”, dijo dos años atrás.

Pero las cifras de “ayudas” que figuran en la 
propia página web de la NED confirma este 
financiamiento (que se remonta a 1993, dice) a 
casi cuatro centenares de grupos estudiantiles, 
partidos políticos de oposición, supuestas 
organizaciones no gubernamentales, entre ellas 
algunas “defensoras de derechos humanos” y 
“defensoras de la libertad de prensa” en Venezuela.
En Bolivia, la USAID contrató la empresa Casals & 
Associates, Inc (C&A) para manejar decenas de 
millones de dólares que se otorgaron también a 
casi 400 organizaciones, partidos políticos y 
proyectos, sobre todo los que tienen que ver en 
el respaldo al secesionismo de las regiones de 
Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija...

Y ahora, en el derrocamiento de Manuel Zelaya, 
aparecen las pruebas del financiamiento de 
quienes implantaron la dictadura con dinero 
estadounidense. (Traducción de Theresa Pardez)

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* Allan G. Greenberg, Archives for Democracy



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