[Noalca-l] Perú: ¿Para qué una Comisión “Imparcial” sob re Bagua?

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Perú: ¿Para qué una Comisión “Imparcial” sobre Bagua?

Bartolomé Clavero*

ALAI AMLATINA, 23/06/2009.-  El Gobierno peruano 
parece tomar la iniciativa.  La ministra de 
Justicia, Rosario Fernández, ha anunciado que va 
a crearse la “comisión imparcial” de 
investigación de los sucesos de Bagua recomendada 
por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
la situación de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los indígenas, James Anaya, con 
representación tanto indígena como 
internacional.  El anuncio parece que no reza 
para otros miembros del Gobierno, pues siguen 
anticipando conclusiones por su cuenta.  Y el 
Gobierno aún no se ha comprometido a poner en 
manos de parte imparcial tanto la composición 
como la definición de los términos de referencia 
de la Comisión.  De otra forma, la imparcialidad 
misma resultaría radicalmente comprometida.

Por su parte, la Ministra del Interior, Mercedes 
Cabanillas, se comporta como si ya contase con 
las conclusiones.  Declara que presentará al 
Congreso “pruebas fehacientes” de la versión 
oficial de los acontecimientos de Bagua, la 
versión que sienta, como diría Federico García 
Lorca, que han muerto más guardias que 
cartaginenses y que además entiende este presunto 
dato como decisivo a la hora de calificar los 
hechos.  La Ministra del Interior por lo menos es 
franca, pues puntualiza que dará “todas las 
explicaciones que me alcanza la Policía 
Nacional”.  Aún más, la Ministra responsabiliza a 
indígenas, indígenas bajo la influencia de “un 
complot político”, de las muertes de Bagua 
conforme a tales explicaciones, las policiales, 
que tiene por “objetivas y veraces”.  Con todo 
esto exime de toda responsabilidad al 
Gobierno.  Sobre dichos supuestos, ¿qué idea 
puede tenerse sobre la necesidad, la entidad y el 
cometido de una Comisión imparcial?

Ha dicho más la Ministra del Interior, Mercedes 
Cabanillas: “La policía no actuó sola, porque 
previamente hubo coordinaciones funcionales con 
el Comando de las Fuerzas Armadas, en base a 
autorizaciones que se habían gestionado con esas 
resoluciones supremas”, resoluciones a las que ya 
se ha referido sin mayor especificación.  Así 
reconoce una intervención militar que por otra 
parte ha sido evidente y que ha resultado fatal 
en la provocación de muertes.  Lo importante 
resulta entonces que esta participación se la 
atribuya a “resoluciones supremas”, las cuales, 
en el caso y conforme a los términos de la 
Constitución, sólo pueden ser las procedentes en 
forma directa de la Presidencia de la 
República.  El Gobierno presidido por Yehude 
Simon anda descoordinado, pero se guarda las 
espaldas.  Si la Comisión imparcial, esa comisión 
que no haría falta según la Ministra del 
Interior, llega a apreciar alguna responsabilidad 
política por la masacre de Bagua, la misma ya se 
ve donde recae según también la Ministra del 
Interior, no en otra parte que en la misma 
Presidencia de la República, en el Presidente Alan García.

Por si no fuera poca la confusión producida por 
miembros del Gobierno entre el anuncio de la 
Comisión por la Ministra de Justicia y el anuncio 
de las conclusiones por la Ministra del Interior, 
la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, 
Mercedes Aráoz, echa su cuarto a espada.  Declara 
que el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos (TLC) está en peligro poniéndose así en 
entredicho el crédito internacional del Perú.  Ya 
se sabe que el Gobierno peruano, el encabezado 
por Jorge del Castillo con Alan García ya en la 
Presidencia de la República, sacó buen provecho 
de la entrada en vigor del TLC para hacerse 
habilitar por el Congreso con unos poderes 
legislativos extraordinarios, los poderes que le 
permitieron la promulgación de la serie de 
decretos masivamente lesivos de derechos, entre 
otros de derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

Pues bien, la Ministra de Comercio Exterior y 
Turismo arguye ahora que con la derogación ya 
habida de algunos decretos no sólo impugnados de 
parte indígena, sino también cuestionados por la 
Defensoría del Pueblo y por la Comisión 
Multipartidaria ad hoc del Congreso, detalles que 
la Ministra calla, “el Perú está incumpliendo” 
dicho tratado, con lo cual, añade, los Estados 
Unidos podrían imponer sanciones.  Increíble, 
pero cierto, el argumento.  Ante su misma 
inverosimilitud, es secundario, aunque 
significativo, que el Embajador de Estados Unidos 
en el Perú, Michael McKinley, se haya mostrado 
comprensivo con dicha rectificación respaldándolo 
a su modo incluso.  Ha declarado: “Apoyamos (los 
Estados Unidos) los derechos de las comunidades a 
ser respetadas” conforme a lo que vaya a 
decidirse “entre el pueblo y el Gobierno 
peruanos”.  La Ministra peruana en cambio 
pretende que ha tenido que enviar una delegación 
al Senado de Estados Unidos para explicar la 
derogación de unos decretos, lo cual es algo 
igualmente inverosímil a la luz de las propias 
obligaciones contraídas con el TLC.

Dice más la Ministra de Comercio Exterior y 
Turismo, Mercedes Aráoz.  Entendiendo siempre que 
así tranquiliza a los Estados Unidos, anuncia que 
su ministerio ya está apresurándose en la 
preparación de la legislación que sustituya a los 
decretos derogados.  Resulta esto sorprendente 
porque, dada la materia, dicha tarea no es 
competencia del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo y porque así además se sigue 
flagrantemente ignorando el derecho cuya 
conculcación ha generado toda esta crisis, el 
derecho de los pueblos indígenas a ser 
consultados.  Y la excusa es siempre la de 
urgencia de la satisfacción del libre comercio 
comprometido con los Estados Unidos.  Hasta los 
Estados Unidos lo tienen ahora más claro.  Este 
Gobierno del Perú parece estar buscando la 
complicidad con unos Estados Unidos que ya no 
existen, los Estados Unidos del Presidente George W. Bush.

¿Y dónde queda con todo la Comisión imparcial, 
una comisión que podría, entre otros resultados, 
conducir a una rectificación más amplia, bastante 
más amplia, de toda la legislación producida con 
la excusa de la puesta en práctica de TLC?  Ésta 
es otra.  El Gobierno peruano está dando por 
supuesto que la Comisión habrá de ocuparse 
estrictamente de los acontecimientos de Bagua, 
una acontecimientos a los que directísimamente se 
ha llegado a partir del radical vuelco 
legislativo acometido con la excusa de puesta en 
marcha del TLC y mediante la brutal repercusión 
de este cambio en el desmantelamiento de las 
garantías de derechos de personas, comunidades y 
pueblos indígenas tan elementales como el derecho 
a la tierra, al medio ambiente, a los recursos 
propios, a la salud o, en definitiva, a la 
vida.  Si la Comisión no se ocupa de las causas 
de lo acontecido en Bagua, su labor será bastante vana.

El Gobierno aún se empeña en que han caído más 
guardias que cartagineses y en que es dato 
decisivo para eximirle de toda responsabilidad 
este que arroja un marcador manipulado en un 
partido entre muertos.  Basta con que la Comisión 
se sitúe y recluya en este escenario macabro para 
que la impunidad siga reinando o, mejor dicho, 
presidiendo en el Perú.  Tales son las 
perspectivas si la iniciativa de la formación de 
la Comisión se deja en manos del Gobierno o 
incluso del Congreso y no se toma de parte 
internacional.  De parte peruana, el problema 
impeditivo no es sólo de descoordinación patente, 
sino también y sobre todo de responsabilidades pendientes.

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* Bartolomé Clavero es Miembro del Foro 
Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas. 
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