[Noalca-l] Agitación social en Suramérica

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Jue Mar 26 08:38:39 CST 2009



Movimientos sociales
agitan la región:
  Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y Paraguay

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    Desempleo, sequía, bajos precios de las 
materias primas, entre otras variables, crean un 
panorama apto para que el descontento social 
salga a flote en Latinoamérica. Conflicto en el sector Minero de Perú






Por Pablo Jamet/REPORTAJE

Santiago, 25 marzo 
(<http://americaeconomia.com>americaeconomia.com).- 
Movilizaciones campesinas, demandas sociales y 
paralizaciones en los sectores productivos han 
marcado el inicio de semana en Argentina, Brasil, 
Bolivia, Paraguay y Perú, un síntoma más de que 
la economía real está siendo impactada por los embates de la crisis.

El panorama regional augura un incremento en la 
cifra de desempleados, una caída en las remesas y 
una desaceleración de la economía, proyecciones 
que no hacen más que pensar que el descontento 
social aumentará en la medida que la turbulencia 
financiera muestre su peor cara, en el transcurso de los meses.

Sectores productivos en problemas. Trabajadores 
en varios países han iniciado movilizaciones para 
lograr reivindicaciones laborales debido a que 
algunas firmas han justificado la coyuntura como 
argumento para cambios administrativos.

Es el caso de la estatal brasileña Petrobras. 
Trabajadores de la firma iniciaron el domingo una 
huelga de cinco días, con la que buscan afectar 
la producción de crudo, en protesta por recortes 
de empleos, salarios y condiciones laborales.

Un problema no menor teniendo en cuenta que 
Petrobras es una de las empresas más importantes 
de la región (ocupa el lugar N° 2 en el Ranking 
de las 500 mayores empresas de América Latina, según AméricaEconomía).

La paralización podría convertirse en un dolor de 
cabeza para el presidente Lula en la medida que 
realmente afecte la producción de crudo.

De hecho, los huelguistas consiguieron detener la 
producción de la plataforma P-34, con una 
capacidad de 60.000 barriles diarios, pero la 
información fue negada por la compañía.

Por ese motivo la firma apuesta por el diálogo. 
Este martes, ejecutivos de la petrolera 
programaron una reunión para evitar que la 
paralización se extienda. Hasta el cierre de esta 
edición no había noticias al respecto.

En Perú, el foco de conflicto está en el sector 
minero. Unos 5.000 trabajadores de cuatro minas 
pertenecientes a la peruana Compañía Minera Ares 
SAC, subsidiaria del Grupo Hochschild Mining Plc, 
declararon el lunes el inicio de una huelga 
indefinida en demanda del pago de utilidades correspondientes al año 2008.

La medida se inició la noche del domingo en las 
unidades mineras de Pallancata, Arcata, Ares y 
Selene, todas en el sureste del país, 
que  representan una parte importante de la producción del grupo.

La paralización se da en momentos en que el 
sector vive el término del “boom” y las empresas 
están reduciendo costos operacionales para 
afrontar la caída del precio de los metales: 
-56,6% (plomo), -54,2% (cobre), -47,4% (zinc), 
-31,8% (plata), y -30,3% (estaño).

A partir de estas cifras el futuro de la minería 
peruana se ve complejo, ya que los costos de 
producción podrían subir. Según Juan Pablo 
Córdova, analista de inversiones de la Gerencia 
Central de Gestión de Activos del Banco de 
Crédito BCP, “si los costos de producción de una 
mina están por encima de su precio de equilibrio, 
es mejor cerrar la operación, señaló a 
AméricaEconomía, desde Lima. “Tal es el caso de 
algunas productoras de zinc, que son las que afrontan el problema más grande”.

Movimientos sociales a la calle. Las demandas 
campesinas son otro foco de conflicto en la 
región. Los gobiernos de Argentina, Paraguay y 
Bolivia están siendo presionados por cientos de 
agricultores, quienes están sintiendo los embates de la turbulencia económica.

En Argentina la cuestión agraria se arrastra por 
casi un año. Este martes se cumplió la cuarta 
jornada de huelga del agro contra el Gobierno, a 
pesar de ser feriado en ese país.

El enfrentamiento del sector con la 
administración de Cristina Fernández, comenzó en 
marzo de 2008 cuando la presidenta buscó subir 
impuestos a las exportaciones de granos, una 
medida que finalmente fue desactivada por el 
Congreso tras semanas de protestas, bloqueos de 
carreteras que desabastecieron ciudades de 
alimentos y multitudinarias manifestaciones.

“Esta es una guerra de desgaste que vienen 
sosteniendo ambos sectores”, dice Claudio 
Fantini, analista político a AméricaEconomía.com. 
Para el académico argentino, el origen del 
conflicto radica en que “Fernández busca aislar 
al campo porque necesita dinero y el movimiento 
agrario quiere dejar sin retenciones al gobierno”.

Ahora, el sector reclama una rebaja de impuestos 
ante la caída de la rentabilidad por el efecto de 
una feroz sequía, que redujo fuertemente las 
expectativas de cosecha de granos, y del desplome 
de los precios internacionales de las materias 
primas ante la desaceleración económica global.

Fantini sostiene que una salida al tema se ve 
lejano debido al manejo político del 
kirchnerismo. “El discurso agresivo del Gobierno 
no ha ayudado a zanjar el problema, tampoco la 
arbitrariedad con la que han manejado los recursos”.

En todo caso el académico no cree que el 
conflicto llegue a ocasionar desabastecimiento, 
como ocurrió hace un año, ya que dicha medida 
generó antipatía en los ciudadanos y “eso no es 
lo que necesita el movimiento agrario para legitimar sus demandas”.

Promesas de campaña. El presidente paraguayo, 
Fernando Lugo, tampoco lo pasa bien por estos 
días. Miles de campesinos coparon el martes las 
calles de Asunción para exigir al Gobierno que 
implemente las reformas que prometió. La protesta 
se ha convertido en la mayor movilización desde 
que el ex obispo católico asumió la presidencia.

Entre las demandas de los campesinos están un 
subsidio alimentario por un período de seis meses 
para las zonas afectadas por la sequía, la 
provisión de semillas para la próxima siembra y 
un marco regulatorio que priorice el crédito productivo.

"Para nosotros el cambio no llegó nunca, todo 
continúa igual que antes del 20 de abril", dijo a 
la prensa local Teodolina Villalba, dirigente de 
la Federación Nacional Campesina (FNC), aludiendo 
a la fecha en que Lugo ganó las elecciones, con el 51,96% de las preferencias.

Quien ha mostrado el cumplimiento de las promesas 
de campaña es Evo Morales. Con un alto apoyo del 
electorado, gracias a su discurso reivindicatorio 
de los derechos indígenas, fue avalado en el 
referendo de enero. Sin embargo, Morales enfrenta 
un complicado escenario económico.

“La decisión de limitar el ingreso de autos 
usados al país, la pugna con el sector textil y 
los transportistas da cuenta de las malas 
decisiones que ha tomado el ejecutivo”, dice 
Roger López, analista de Captura Consulting. 
“Este tipo de medidas podrían pasar la cuenta al 
mandatario, en el contexto de crisis.

En opinión del analista, el Gobierno está 
manejando al campesinado para presionar a la 
oposición con herramientas electorales.

Este martes en La Paz, sindicatos afines al 
Gobierno anunciaron que harán un cerco al 
Congreso nacional, a partir del 1 de abril, para 
forzar la aprobación de una polémica ley de 
transición que posibilitará la reelección del mandatario de Bolivia.

Por mandato de la nueva Carta Magna, el Congreso 
tiene plazo hasta el 7 de abril para sancionar la 
reforma electoral, que ya fue aprobada por la 
Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, 
pero que fue frenada en el Senado, de mayoría opositora.

La oposición trata de recortar la cuota de 
parlamentarios indígenas, creada por la nueva 
Constitución, y de posponer la vigencia del voto 
de los migrantes. "El Gobierno quiere comenzar la 
carrera electoral con 14 diputados de ventaja y 
eso no es democrático", dijo la semana pasada 
Roger Pinto, jefe de la bancada de senadores de 
la alianza derechista Podemos, la mayor fuerza de oposición.

En opinión de López de Captura Consulting, esta 
será otra foco de conflicto en el país, sin 
embargo no cree que se llegue a enfrentamientos 
que costaron la vida a decenas de bolivianos 
meses antes de referendo. “A partir de esa 
experiencia la clase política y la ciudadanía ha 
entendido que el diálogo es la mejor solución a los problemas”. (FIN)


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