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<pre><b>Paraguay entre la esperanza y la difícil realidad</b>
<b>Carlos Iaquinandi Castro*</b>
El viernes 15 asumirá como presidente de Paraguay el ex obispo Fernando
Lugo, cerrando la continuidad de más de 60 años de gobiernos del partido
Colorado, incluyendo la larga dictadura del General Alfredo Stroessner.
Durante sus años como obispo de la región de San Pedro, mantuvo un
fuerte vínculo con los movimientos sociales, y en particular con el
campesinado paraguayo. De allí nació la base de su movimiento Tekojoja,
del cual surgió la propuesta de postular al religioso como candidato
presidencial. Lugo renunció entonces a su función eclesial sin esperar
el consentimiento vaticano que no llegaba y aceptó la candidatura. Se
formó la Alianza Patriótica por el Cambio, una coalición de más de una
veintena de corrientes que incluye a liberales, a la Democracia
Cristiana, o al Partido Comunista Paraguayo. En ese conglomerado
destaca el Partido Liberal, (PLRA) individualmente el más estructurado y
el que obtuvo mayor representación parlamentaria. Pero esta coalición
tan diversa y el peculiar personalismo de Lugo, han entorpecido la
gestación del nuevo gobierno y han generado dudas sobre su inmediato
futuro.
Lugo obtuvo el pasado 20 de abril aproximadamente el 42 % de los votos.
Pero sus rivales inmediatos, Blanca Ovelar del Partido Colorado y el ex
General Lino Oviedo (que proviene también de las filas coloradas)
sumaron con sus respectivas candidaturas (32% y 22 % respectivamente)
más de la mitad de los votos depositados por los ciudadanos paraguayos.
En el Parlamento la orfandad de las fuerzas propias de Lugo es muy
grande. En diputados los colorados tienen casi el 38 por ciento de las
bancas, contra casi el 34 de liberales y un 19 por ciento de la UNACE,
el partido del ex general Oviedo. En senadores los colorados tienen un
tercio de las bancas, y las otras dos fuerzas un reparto similar al de
la cámara alta. Las leyes que quiera impulsar Lugo, tendrán que contar
con el respaldo de la principal fuerza política de su coalición, los
liberales, algo que no siempre será fácil. Y aún así para tener
posibilidades tendrán que negociar con alguna de las dos fuerzas con
peso en el parlamento. Hasta ahora los contactos y aproximaciones han
sido con el UNACE del ex golpista y derechista Lino Oviedo.
Lo que le espera
El nuevo presidente tendrá que afrontar diversos retos importantes en
los primeros meses de gestión. Sabe que su anunciada "batalla contra la
pobreza" requerirá recursos y por eso anticipó que deberá diseñar una
nueva política de impuestos que reemplace la actual, débil e
ineficiente. "Solo así - afirmó hace unos dias - se podrá saldar la
deuda social acumulada por décadas de indiferencia y corrupción".
Actualmente, un millón cien mil de los seis millones de habitantes del
país se encuentran en pobreza extrema, o sea que sobreviven con menos de
un dólar diario. Y otro millón de personas en pobreza no extrema. Las
escasas estructuras educativas y asistenciales están concentradas en
Asunción, y son mínimas en el interior del país.
Otra cuestión fundamental, será renegociar con Brasil los términos del
acuerdo de 1973 sobre la presa hidroeléctrica de Itaipú, que fijaba en
partes iguales el derecho a la energía generada. Pero Paraguay, con su
escaso desarrollo, solo utiliza el 17 del 50 por ciento que le
corresponde. El resto de la energía producida por Itaipú, lo vende a
Brasil, un gigante que sí lo necesita, pero a un precio que es
considerado insuficiente. Algo similar a lo que ocurría con el gas que
Bolivia provee a Brasil y Argentina y que determinó nuevos acuerdos y
precios más justos cuando asumió Evo Morales en ese país.
Pero no hay duda que el tema de mayor trascendencia es el de la
distribución de la tierra. Además de ser un problema antiguo, Lugo
prometió durante su campaña electoral llevar adelante una Reforma
Agraria Integral que modifique la situación actual en la que unos 12
millones de hectáreas que constituyen los mejores recursos naturales del
país, están en manos de unas pocas familias y consorcios. Las
estadísticas señalan que Paraguay tiene la más desigual distribución de
la tierra de América Latina. Cientos de miles de campesinos luchan
desde hace décadas por acceder a parcelas y a mejorar sus condiciones de
vida. Los propietarios siempre han contado con la complicidad policial
y gubernamental para reprimir a los movimientos rurales. Más de un
centenar de dirigentes y líderes campesinos han sido asesinados en los
últimos 20 años. La casi totalidad de estos crímenes han quedado en
total impunidad, sin responsables ni condenas.
Se estima que poco más de 500 familias poseen el 90 por ciento de las
tierras, mientras otras 350.000 familias carecen de ellas. Esta
situación ha incidido en que en los últimos 20 años, la población rural
pasara del 67 al 30 por ciento. La migración interna ha significado un
desplazamiento de la pobreza y la miseria a los barrios de Asunción y de
algunas otras ciudades. Martín Almada, luchador social, Premio Nobel
Alternativo de la Paz, y descubridor de los "Archivos del Terror" del
Plan Cóndor, afirma que el problema de la tenencia de la tierra en su
país comenzó realmente cuando Argentina, Brasil y Uruguay se prestaron a
los intereses del imperio de turno -Inglaterra- y comenzó la llamada
"Guerra de la Triple Alianza" (1865-1870) "porque en Paraguay se
repartía la riqueza y no la pobreza, un mal ejemplo para la región".
Añade que como consecuencia de aquella guerra y otra provocada por
Estados Unidos años más tarde (Paraguay contra Bolivia en 1935), la
estratificación social quedó con 5 por ciento de ricos (propietarios de
las tierras fértiles), 10 por ciento de clase media y entre el 75 al 80
por ciento de pobres." La investigadora paraguaya Mirta Barreto añade
que luego vino la masiva privatización en la década del 50 del siglo
pasado, con la dictadura de Stroessner. Agrega "que durante más de un
siglo confluyeron voraces factores externos que contribuyeron a expulsar
de sus tierras a los campesinos y a los dueños originarios". A todo
esto y en tiempo más reciente, se añade el modelo monocultivo sojero,
que agravó el conflicto al lanzar a miles de familias a los caminos y
ser fuente directa de desempleo, marginalidad, pobreza y emigración. En
fuentes oficiales se estima que seiscientos mil campesinos fueron
expulsados de sus tierras por el agresivo cultivo de la soja, y en los
últimos siete años, más de 180.000 paraguayos emigraron a Argentina.
El Movimiento Campesino Paraguayo cree y tiene razones para ello, que
por fin ha llegado el tiempo de la justicia. Fueron parte fundamental
de la base electoral que permitió el triunfo de la Alianza para el
Cambio. Esta misma semana, unos tres mil campesinos de Coordinadora de
lucha por la Tierra y la Soberanía, ocuparon una finca arrendada por un
ciudadano brasileño en San Pedro, la región de la cual fue obispo
Fernando Lugo. El dirigente de los Sin Tierra paraguayos, Elvio Benítez
afirmó que esa ocupación " es un claro mensaje para quienes tendrán la
responsabilidad de gobernar nuestro país en beneficio de todos". Los
campesinos también impulsan que el estado elabore un catastro nacional
sobre la distribución de tierras para contar con datos fidedignos sobre
propietarios y cantidad de hectáreas que tiene cada uno. Eso permitiría
conocer quiénes son los dueños de las propiedades, especialmente de los
latifundios, y también saber sus extensiones reales. El sociólogo Tomás
Palau estima que en Paraguay cada ganadero cuenta con un promedio de 2,7
hectáreas por vaca, y los cultivos de soja transgénica, cubren más de 2,
5 millones de hectáreas, cuya siembra mecanizada y cuidado no requiere
de muchos trabajadores rurales. Pero esas medidas encontrarán una
fuerte resistencia por parte de los latifundistas y grandes
propietarios. Claudia Russer, de la Asociación de Productores de Soja
ya pidió que el nuevo gobierno se defina frente a "la inseguridad" y
exigió garantías para la propiedad privada.
El nuevo gobierno se encontrará con la empresa Petropar, responsable de
la distribución de combustibles, en quiebra virtual, con una deuda de
más de 300 millones de dólares.
La empresa INC (Industria Nacional del Cemento) colapsada y con
frecuentes paralizaciones por fallos y averías técnicas en su molino
principal. Y unos ferrocarriles abandonados que más representan un
recuerdo que una realidad.
¿Querrá y podrá Lugo cumplir sus compromisos?
A las dificultades enumeradas, deben añadirse otras no menos
importantes. Es previsible que la convivencia de Lugo con el
vicepresidente Julio César Franco, del Partido Liberal no resulte
fácil. Desde las filas de este grupo político, mayoritario en la
Alianza, hay disconformidad por los nombramientos de ministros y cargos
claves designados por Fernando Lugo. Algunos dirigentes opinan que
Franco está marginado o no tiene la relevancia que ellos creen que
corresponde a su cargo de vicepresidente.
Martín Almada expresa sus dudas de que Lugo pueda llevar adelante su
compromiso de impulsar la Reforma Agraria y recuerda que el nuevo
presidente "tendrá en vigor leyes burguesas, un Parlamento retrógrado,
una justicia corrupta y fuerzas armadas con la mentalidad impuesta por
la Doctrina de la Seguridad Nacional norteamericana que considera al
pueblo como enemigo". Más aún, estima que en las condiciones objetivas
actuales, Lugo se limitará a administrar la pobreza que recibirá como
herencia de más de 60 años de gobiernos colorados, a menos que organice
y movilice a esa mayoría silenciosa: los excluidos sociales".
Pero también ante esta posibilidad hay dudas. Hace pocas horas,
Belarmino Balbuena, uno de los dirigentes del movimiento campesino y
aliado de Lugo en los comicios del pasado 20 de Abril, manifestó su
contrariedad por la forma utilizada por el futuro gobierno para
movilizar a sus partidarios en actos recientes. Acusó concretamente a
quien será el jefe de gabinete de Lugo - Miguel López Perito - de
"ordenar" concentraciones al estilo del Partido Colorado, porque para
ello se han destinado fondos que no salen de las organizaciones
sociales. Balbuena, que además pertenece al Frente Social y Popular,
dijo que esas son "malas señales" del nuevo gobierno.
Dentro del complejo panorama, hay que añadir que los resultados
electorales no modifican la relación de fuerzas de poderosos intereses
políticos y económicos, que intentarán que continúen sus privilegios,
sus regalías, y el disfrute de concesiones otorgadas por mecanismos
amañados. Será difícil desterrar esos métodos, donde la coima y la
corrupción son parte de la "normalidad" administrativa. La
concentración de poder económico ha permitido comprar funcionarios,
ganar licitaciones y sobornar jueces y fiscales. Para que eso cambie,
será necesaria una actitud firme y disponer de los cuadros necesarios
para dirigir y supervisar la transparencia y la honestidad. Gran parte
de la actividad privada ha estado vinculada inescrupulosamente a los
presupuestos del estado, en particular las grandes obras. Según los
sectores de oposición, todas ellas se han realizado con un sobreprecio,
y en algunos casos incumpliendo los compromisos de la licitación.
Dentro de las batallas administrativas para imponer un funcionamiento
normal y acorde con las leyes, estará la del contrabando. Nadie
arriesga cifras, pero muchos estiman que son millones de dólares los que
mueve esa actividad ilícita, férreamente asentada en el país desde hace
muchos años. Y también se conoce el poder de los grupos que controlan
el contrabando. Si no podemos cuantificar su magnitud, si podemos
imaginarla con un dato: el propio presidente Lugo admitió que nadie
quiere aceptar el cargo de Director de Aduana. El Ingeniero Juan Max
Rejalaga, candidato designado, desistió por "falta de garantías para su
vida". Horas antes había recibido amenazas de muerte de la mafia que
controla el contrabando. El mensaje es claro: quieren que todo siga
como está. Y ese será uno de los graves escollos para las aspiraciones
de cambio, y no solo en las aduanas.
Aunque durante la campaña electoral el ex obispo se mostró próximo a los
gobiernos que en el continente se han distanciado (en distinto grado) de
la tradicional influencia norteamericana, hay quienes ponen en duda el
rumbo de su futuro gobierno. Dentro de las propias filas de la Alianza,
hay críticas por la presencia de ex funcionarios de la dictadura de
Stroessner en el círculo de allegados al futuro presidente. Más aún,
hay quienes le asignan contactos con James Cason, el embajador
norteamericano en La Paz, delegación diplomática que ha tenido decisiva
ascendencia sobre los gobiernos paraguayos en los últimos 60 años. Los
hay incluso quienes recelan que el pasado 30 de julio, en forma
sorpresiva, el Papa Benedicto le otorgó la dispensa que hasta ahora le
había negado, lo que al parecer es un hecho inédito en El Vaticano. Sus
partidarios rebaten estas críticas argumentando que como Lugo tendrá
apoyos minoritarios tanto en Diputados como en el Senado tiene que
actuar pragmáticamente si quiere gobernar. Y recuerdan que también
tendrá que afrontar una estructura administrativa hostil a cualquier
transformación.
Todo esto es cierto, pero no lo es menos que gran parte del pueblo
paraguayo, esa mayoría que le votó, confía en que deje atrás las formas
autoritarias, el clientelismo, las injusticias y los vínculos de
provecho común con los grandes grupos económicos, entre ellos los
propietarios de tierras. Para ello tendrá que poner todo su empeño en
romper esa imagen que pintaba Martín Almada cuando parafraseando a Josué
de Castro, intelectual brasileño, describía a Paraguay como un país
"donde los ricos no pueden dormir de noche porque tienen miedo de los
pobres y los pobres no pueden dormir de noche porque tienen hambre... y
añadía finalmente: "en Paraguay hay una pobreza explosiva".
A partir de las próximas semanas las dudas comenzarán a disiparse,
cuando Lugo tome sus primeras decisiones.
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* Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.
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