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Perú: ¿Para qué una Comisión “Imparcial” sobre Bagua?<br><br>
Bartolomé Clavero*<br><br>
ALAI AMLATINA, 23/06/2009.- El Gobierno peruano parece tomar la
iniciativa. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, ha
anunciado que va a crearse la “comisión imparcial” de investigación de
los sucesos de Bagua recomendada por el Relator Especial de Naciones
Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades
fundamentales de los indígenas, James Anaya, con representación tanto
indígena como internacional. El anuncio parece que no reza para
otros miembros del Gobierno, pues siguen anticipando conclusiones por su
cuenta. Y el Gobierno aún no se ha comprometido a poner en manos de
parte imparcial tanto la composición como la definición de los términos
de referencia de la Comisión. De otra forma, la imparcialidad misma
resultaría radicalmente comprometida.<br><br>
Por su parte, la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, se comporta
como si ya contase con las conclusiones. Declara que presentará al
Congreso “pruebas fehacientes” de la versión oficial de los
acontecimientos de Bagua, la versión que sienta, como diría Federico
García Lorca, que han muerto más guardias que cartaginenses y que además
entiende este presunto dato como decisivo a la hora de calificar los
hechos. La Ministra del Interior por lo menos es franca, pues
puntualiza que dará “todas las explicaciones que me alcanza la Policía
Nacional”. Aún más, la Ministra responsabiliza a indígenas,
indígenas bajo la influencia de “un complot político”, de las muertes de
Bagua conforme a tales explicaciones, las policiales, que tiene por
“objetivas y veraces”. Con todo esto exime de toda responsabilidad
al Gobierno. Sobre dichos supuestos, ¿qué idea puede tenerse sobre
la necesidad, la entidad y el cometido de una Comisión
imparcial?<br><br>
Ha dicho más la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas: “La policía
no actuó sola, porque previamente hubo coordinaciones funcionales con el
Comando de las Fuerzas Armadas, en base a autorizaciones que se habían
gestionado con esas resoluciones supremas”, resoluciones a las que ya se
ha referido sin mayor especificación. Así reconoce una intervención
militar que por otra parte ha sido evidente y que ha resultado fatal en
la provocación de muertes. Lo importante resulta entonces que esta
participación se la atribuya a “resoluciones supremas”, las cuales, en el
caso y conforme a los términos de la Constitución, sólo pueden ser las
procedentes en forma directa de la Presidencia de la República. El
Gobierno presidido por Yehude Simon anda descoordinado, pero se guarda
las espaldas. Si la Comisión imparcial, esa comisión que no haría
falta según la Ministra del Interior, llega a apreciar alguna
responsabilidad política por la masacre de Bagua, la misma ya se ve donde
recae según también la Ministra del Interior, no en otra parte que en la
misma Presidencia de la República, en el Presidente Alan García.<br><br>
Por si no fuera poca la confusión producida por miembros del Gobierno
entre el anuncio de la Comisión por la Ministra de Justicia y el anuncio
de las conclusiones por la Ministra del Interior, la Ministra de Comercio
Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, echa su cuarto a espada.
Declara que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) está en
peligro poniéndose así en entredicho el crédito internacional del
Perú. Ya se sabe que el Gobierno peruano, el encabezado por Jorge
del Castillo con Alan García ya en la Presidencia de la República, sacó
buen provecho de la entrada en vigor del TLC para hacerse habilitar por
el Congreso con unos poderes legislativos extraordinarios, los poderes
que le permitieron la promulgación de la serie de decretos masivamente
lesivos de derechos, entre otros de derechos de personas, comunidades y
pueblos indígenas.<br><br>
Pues bien, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo arguye ahora que
con la derogación ya habida de algunos decretos no sólo impugnados de
parte indígena, sino también cuestionados por la Defensoría del Pueblo y
por la Comisión Multipartidaria ad hoc del Congreso, detalles que la
Ministra calla, “el Perú está incumpliendo” dicho tratado, con lo cual,
añade, los Estados Unidos podrían imponer sanciones. Increíble,
pero cierto, el argumento. Ante su misma inverosimilitud, es
secundario, aunque significativo, que el Embajador de Estados Unidos en
el Perú, Michael McKinley, se haya mostrado comprensivo con dicha
rectificación respaldándolo a su modo incluso. Ha declarado:
“Apoyamos (los Estados Unidos) los derechos de las comunidades a ser
respetadas” conforme a lo que vaya a decidirse “entre el pueblo y el
Gobierno peruanos”. La Ministra peruana en cambio pretende que ha
tenido que enviar una delegación al Senado de Estados Unidos para
explicar la derogación de unos decretos, lo cual es algo igualmente
inverosímil a la luz de las propias obligaciones contraídas con el
TLC.<br><br>
Dice más la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes
Aráoz. Entendiendo siempre que así tranquiliza a los Estados
Unidos, anuncia que su ministerio ya está apresurándose en la preparación
de la legislación que sustituya a los decretos derogados. Resulta
esto sorprendente porque, dada la materia, dicha tarea no es competencia
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y porque así además se
sigue flagrantemente ignorando el derecho cuya conculcación ha generado
toda esta crisis, el derecho de los pueblos indígenas a ser
consultados. Y la excusa es siempre la de urgencia de la
satisfacción del libre comercio comprometido con los Estados
Unidos. Hasta los Estados Unidos lo tienen ahora más claro.
Este Gobierno del Perú parece estar buscando la complicidad con unos
Estados Unidos que ya no existen, los Estados Unidos del Presidente
George W. Bush.<br><br>
¿Y dónde queda con todo la Comisión imparcial, una comisión que podría,
entre otros resultados, conducir a una rectificación más amplia, bastante
más amplia, de toda la legislación producida con la excusa de la puesta
en práctica de TLC? Ésta es otra. El Gobierno peruano está
dando por supuesto que la Comisión habrá de ocuparse estrictamente de los
acontecimientos de Bagua, una acontecimientos a los que directísimamente
se ha llegado a partir del radical vuelco legislativo acometido con la
excusa de puesta en marcha del TLC y mediante la brutal repercusión de
este cambio en el desmantelamiento de las garantías de derechos de
personas, comunidades y pueblos indígenas tan elementales como el derecho
a la tierra, al medio ambiente, a los recursos propios, a la salud o, en
definitiva, a la vida. Si la Comisión no se ocupa de las causas de
lo acontecido en Bagua, su labor será bastante vana.<br><br>
El Gobierno aún se empeña en que han caído más guardias que cartagineses
y en que es dato decisivo para eximirle de toda responsabilidad este que
arroja un marcador manipulado en un partido entre muertos. Basta
con que la Comisión se sitúe y recluya en este escenario macabro para que
la impunidad siga reinando o, mejor dicho, presidiendo en el Perú.
Tales son las perspectivas si la iniciativa de la formación de la
Comisión se deja en manos del Gobierno o incluso del Congreso y no se
toma de parte internacional. De parte peruana, el problema
impeditivo no es sólo de descoordinación patente, sino también y sobre
todo de responsabilidades pendientes.<br><br>
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* Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas
para las Cuestiones Indígenas.
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