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<blockquote type=cite class=cite cite=""><br>
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10-07-2009 <br>
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Rebelión.<br><br>
Un nuevo acto de soberanía: Ecuador denuncia al CIADI<br><br>
<font color="#0066CC">
<a href="http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Decio+Machado&inicio=0">
Decio Machado</a><br>
</font>Kaos en la Red<br><br>
<br>
El presidente Rafael Correa, firmó en 2 de julio el Decreto Ejecutivo
número 1823 mediante el cual el Ecuador denuncia y da por terminado el
Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El Convenio fue suscrito el 15 de enero de 1986, durante el gobierno del
fallecido León Febres Cordero, líder de ideológico de la derecha más
reaccionaria del Ecuador y cuyo gobierno pasará a la memoria por ser uno
de los más represivos de la historia de este país. El actual mandatario
ecuatoriano firmó el decreto justo un mes después de que la Comisión
Legislativa y de Fiscalización –el poder legislativo- se pronunciara a
favor de esa solicitud planteada por el gobierno. La denuncia de ese
tratado se fundamenta en el artículo 422 de la Constitución (aprobada por
plebiscito popular el pasado 28 de septiembre), en la cual se dispone que
“no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que
el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de
arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole
comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.
Esto significa que el Ecuador desde el día de hoy no se someterá al
arbitraje del CIADI por las controversias jurídicas que se registren en
los contratos firmados con entidades privadas internacionales.
<b><br><br>
¿Qué es el CIADI?</b><br><br>
El CIADI es una institución arbitral privada del Banco Mundial con
sede en Washington, creada para propiciar la solución de disputas entre
gobiernos y nacionales de otros Estados. Su fundamentación principal es
dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover
y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.
El CIADI se fundó como consecuencia del Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, que entró en vigor el 14 de octubre de 1966, y está financiado
por el propio Banco Mundial. Entre sus funciones se establece como
principal, que el CIADI facilitará la sumisión de las diferencias
relativas a inversiones entre Estados contratantes y nacionales de otros
Estados contratantes, en un procedimiento de conciliación y arbitraje. En
realidad su objetivo es tutelar y proteger los intereses de las
corporaciones internacionales, en caso de controversias, conflictos,
disputas, “entre inversores particulares (multinacionales) y Estados.
Adicionalmente, el CIADI realiza estudios académicos sobre legislación de
arbitraje y elabora publicaciones sobre el arreglo de diferencias
respecto de las inversiones internacionales. Su Secretario General, en la
actualidad, desde marzo de este año, la canadiense Meg Kinnear (antes de
su nombramiento ejercía como directora general del Trade Law Bureau de
Canadá), se encarga de nombrar árbitros a pedido de las partes para
establecer procedimientos de arbitraje ad-hoc, especialmente en el
contexto de las reglas de arbitraje de la UNCITRAL (Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). En la segunda
mitad del siglo pasado, las empresas transnacionales han aumentado su
poder mediante normas e instituciones especialmente diseñadas para
dotarles de protección generalizada a los inversores privados
extranjeros. Estas polémicas protecciones han sido promovidas por el
Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, las
mismas que se convierten en norma a través de los tratados bilaterales de
inversiones (TBI) y se hacen cumplir a través de tribunales de arbitraje
internacionales, como es este CIADI. Bajo la lógica de la seguridad
jurídica a las inversiones, lo que subyace en el CIADI es la
intencionalidad clara de protección de los inversores por encima del
derecho público nacional e internacional, sin garantías para los Estados,
quedando desprovistos de mecanismos de impugnación como la apelación y
otros recursos. El arbitraje se realiza carente del principio de
justicia, no son órganos judiciales, significa la privatización de la
justicia donde una parte tiene doble calidad es juez y parte, lo que
viene a significar una dependencia y una subordinación jurídica de los
derechos de los Estados en paneles privados de arbitraje. El CIADI dotó a
las compañías transnacionales –llamados inversionistas- con de un
organismo internacional que ayuda a proteger su rentabilidad en el
extranjero. No es un organismo independiente, dado que es parte del Grupo
del Banco Mundial, del cual recibe su financiación, y por más que los
países suscritos a esta institución logren construir argumentos a su
favor, el fallo del CIADI siempre está determinado de una carga
ideológica a favor de los inversionistas. Este fue el leit motiv de su
creación y también de su actual existencia. Los casos dirimidos en el
CIADI carecen de imparcialidad jurídica, es hecho se cae por su propio
peso simplemente analizando la conformación de los tribunales que se
organizan en sus causas: cada parte nombra un árbitro, pero quien nombra
el árbitro dirimente siempre es el Presidente del Banco Mundial en
coordinación con el Secretario General del CIADI. Si observamos una
panorámica del plano internacional, encontramos que solo a finales de
2007, el total de controversias internacionales en materia de inversiones
había alcanzado un total de 293, de las cuales 187 se sometieron al
CIADI. Dichos casos involucraban al menos a 73 gobiernos, siendo 44 de
ellos pertenecientes al grupo de los países en desarrollo, de los cuales
78% se amparan en supuestos incumplimientos de obligaciones de acuerdos
bilaterales de inversión (TBIs), de los que hablaremos posteriormente.
<b><br>
<br>
Antecedentes históricos</b> <br><br>
Fue la agresión llevada a cabo por Inglaterra, Alemania e Italia contra
Venezuela (1) para dirimir con Estados Unidos las áreas de influencia en
territorios americanos, escudada en el cobro compulsivo de deudas morosas
y el reconocimientos de reclamaciones pendientes, a pesar de que sobre
estas últimas el gobierno venezolano mantenía objeciones doctrinarias
sustentadas en principios del derecho internacional, lo que dio pie a dos
doctrinas que en la región fueron el punto de partida de una tradición
jurídica regional de defensa a ultranza de las prerrogativas
territoriales del Estado nacional en materia de inversiones hasta la
década de los ochenta. <i>Doctrina Drago</i>. La llegada a Buenos Aires
de la noticia de la intervención europea en Venezuela generó una
preocupación generalizada tanto en las esferas de poder como entre la
ciudadanía. A los ojos de importantes sectores de la europeizada élite
argentina, la injerencia de las potencias europeas fue percibida como una
amenaza a la región. En el Congreso, la intervención de Gran Bretaña,
Alemania e Italia en Venezuela generó la división en dos grupos: el de
aquellos sectores partidarios de efectuar una declaración de solidaridad
sudamericana y el de los proclives a no adoptar ninguna medida que
pudiera generar tensiones en los lucrativos vínculos argentinos con
Europa.<br><br>
En esas circunstancias, Luis María Drago, ministro de relaciones
exteriores argentino entre agosto de 1902 y julio de 1903, preparó una
nota, protestando por los sucesos de Venezuela, con fecha 29 de diciembre
de 1902 y dirigida al embajador argentino en Washington, Martín García
Merou, para que éste la presentara al gobierno norteamericano. La nota
incluyó lo que más tarde se dio en llamar la Doctrina Drago. El argumento
central de esta doctrina sostiene que "la deuda pública no puede dar
lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del
suelo de las naciones americanas por una potencia europea (2) ".
<i>Doctrina Calvo</i>. Doctrina surgida de los trabajos del jurista
argentino Carlos Calvo, según la cual, cualquiera que viva en un país
extranjero debe solucionar sus conflictos en los tribunales nacionales de
ese país. Sin embargo la posición de los países latinoamericanos cambian
en los años ochenta, en una América Latina que sufría la “Operación
Condor”, las dictaduras militares, los desaparecidos y las violaciones de
derechos humanos, dándose paralelamente un clima de debilidad de la
soberanía nacional, y en este sentido la aceptación de los arbitrajes del
Banco Mundial. Elementos como la acumulación de deuda externa, los planes
de ajuste estructural provenientes del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Consenso de Washington, vinieron a significar liberalización
de mercados, flexibilización laboral y privatización de las empresas y
sectores públicos. Los años setenta fueron una época de fuerte presión
por parte de las políticas más voraces del neoliberalismo, con fuertes
injerencias y chantajes políticos y económicos provenientes del FMI, del
Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), y por otro una complicidad de
los gobiernos latinoamericanos, gran parte de ellos manchados de sangre y
todos inmersos en la corrupción. La aceptación del sometimiento a los
organismos internacionales de crédito generaron una domesticación de las
élites gobernantes latinoamericanas y el efecto de “obediencia debida
financiera”, condenando al mismo tiempo el desarrollo de la “América
morena”. La llamada “santidad de los contratos” como un verdadero dogma
de fe, a favor de las cada vez más poderosas empresas multinacionales,
forman parte del menú para la aprobación de todos estos contratos,
tratados y convenios, que han tenido como finalidad la “estimulación”
para el desembarco de los inversores en las economías latinoamericanas,
los cuales llegaban como supuestos “salvadores”, que como se ha podido
ver inmediatamente, nunca salvaron nada, pero dejaron economías de
“mercados” abiertos, desregulados y defensas las nacionales legales
desactivadas. En ese contexto, la tradicional defensa de la soberanía
latinoamericana frente al arbitraje internacional comenzó a debilitarse,
y a mediados de la década de los 80 y en la de los 90, los gobiernos del
continente van aceptando entre otras condiciones de las instituciones de
Bretton Woods, las condiciones del CIADI. Los gobernantes
latinoamericanos, más preocupados en dar buenas señales a los inversores
y a los organismos internacionales de crédito, se olvidan de sus
ciudadanos, de la soberanía de sus pueblos, de sus responsabilidades
constitucionales, comprometiéndose a través de tratados de sometimiento
carentes de garantías de ninguna clase, a las voluntades del capital
extranjero, llegando incluso a privatizar la justicia. La consecuencia
fue que hoy, muchos países latinoamericanos son víctimas de estos
procesos estructurales de injusticia económica. <b><br>
<br>
¿Qué son los TBIs? </b><br>
Son acuerdos o contratos firmados para la protección de los inversores
nacionales de uno de los países signatarios en relación a las inversiones
en el territorio del otro país signatario. Por lo tanto, la violación a
lo acordado en el tratado es considerado como una violación al derecho
internacional (en virtud del principio pacta sunt servanda), como
consecuencia, los conflictos de inversión están doblemente protegidos,
tanto por las normas del derecho internacional, cuanto por los acuerdos
establecidos en este tipo de Tratados. En este sentido, los TBIs son los
mecanismos por medio de los cuales se determinan las reglas aplicables,
sus alcances y el proceso, y en muchos casos se amplían las normas
contempladas tanto a nivel nacional como internacionales. Los TBIs
protegen las inversiones, el problema está en la definición y alcance de
este término, ya que para muchos inversionistas de países
“desarrollados”, todas las actividades que desempeñan en los países en
vías de desarrollo, son concebidas como inversión, y por tanto gozan de
esta protección que les favorece frente al perjuicio que se causa en
muchos casos al Estado. También existe un debate sobre el tema de la
“propiedad intelectual” como materia que estaría concebida como
inversión, por lo que a través de un TBI se podría favorecer los
intereses que en este ámbito tienen las grandes empresas transnacionales
en contra de los legítimos intereses de los Estados. Sin embargo, no hay
una “norma internacional” con relación a la protección de los Derechos de
Propiedad Intelectual (DPI) considerados como inversiones que pueda ser
invocada en el contexto de las obligaciones bilaterales para cumplir con
“las normas internacionales más exigentes” impuestas en algunos acuerdos
de inversión. Pero los TBIs y los capítulos de libre comercio de los
acuerdos de inversión van más allá de las normas internacionales en la
medida que amplían los derechos de propiedad intelectual no abarcados en
el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC e incorporan el principio de “trato
nacional” sin las excepciones estipuladas en los tratados
internacionales. Los TBIs son acuerdos entre dos países con el objeto de
proteger a los inversores de uno de los países que invierte en el otro
país signatario. Sin embargo, son las empresas e inversionistas de uno de
los países, los que acogiéndose al TBI que tiene firmado su país con el
otro, directamente demandan al Estado que supuestamente violó dicho TBI.
La duración de los TBI representan una limitación y una violación a la
independencia y soberanía de los Estados, ya que en los mismos las partes
estipulan la duración que tendrá dicho tratado, pero adicionalmente se
contempla una clausula de “prorroga” en virtud de lo cual un tratado
subsiste luego de la denuncia realizada por una de las partes, en el
plazo estipulado, generalmente en 10, 15 o 20 años. En este lapso –entre
la denuncia y el fin de la jurisdicción del CIADI- un Estado puede ser
requerido para un proceso arbitral, y el mismo se llevará a cabo a pesar
de que con anterioridad el Estado haya denunciado dicho tratado. En
resumen, las principales características de los convenios es que
incorporan una definición amplia de inversiones y su remisión a su
legislación interna; se establecen incentivos y garantías generales
especialmente en materia tributaria, sobre expropiación y compensaciones,
se ajustan a modelos liberales; se establece la libre transferencia de
recursos; sobre solución de controversias, se adopta el procedimiento
arbitral previsto por el CIADI, así como un mecanismo ad-hoc por acuerdo
entre las partes. En este contexto Ecuador ha suscrito y ratificado 26
TBIs, 10 de los cuales son con países de Europa, 1 con Asia, 2 con
América del Norte, 6 con América del Sur, y otros 6 con Centroamérica.
Todos ellos fueron suscritos antes del gobierno de la Revolución
Ciudadana, y el presidente Correa ya ha manifestado públicamente su
voluntad de denunciarlos todos (9 de ellos ya fueron denunciados y los
otros 17 lo serán próximamente) de igual manera que lo está haciendo con
el CIADI.<br><br>
<b>Ecuador en el CIADI</b> <br><br>
En este momento Ecuador enfrenta 8 demandas ante el CIADI, 5 de ellas se
amparan en el incumplimiento de obligaciones de TBIs con Estados Unidos,
1 en el TBI firmado con Francia, y 1 en el TBI firmado con el Estado
español. Las empresas multinacionales involucradas son: MCI Power Group
L.C. and New Turbine Inc., Noble Energy Inc. and Machala-Power Cia Ltd.,
Occidental Petroleum corporation and Occidental Exploration and
Production Company, Murphy Exploration and Production Company, Burlington
resources Inc. and others, Perenco y Repsol YPF SA. <br><br>
<b>Países latinoamericanos con demandas en el CIADI.</b> <br><br>
Brasil es el único país integrante del MERCOSUR que no se adhirió al
CIADI. Argentina firmó el convenio en mayo de 1991; Paraguay firmó en
julio de 1981; Uruguay se adhirió en mayo de 1992. En el resto de países
de América del Sur, el convenio del CIADI entró en vigencia en octubre de
1991 en Chile, en septiembre de 1993 en Perú, en junio y julio de 1995 en
Venezuela y Bolivia respectivamente y en agosto de 1997 en Colombia. El
convenio del CIADI permite a los Estados retirarse de este tribunal de
arbitraje, mediante el artículo 71 del convenio, que establece que la
denunciación producirá efecto seis meses después de recibida la
notificación de denuncia y no afecta a los arbitrajes cuyo
“consentimiento” haya sido otorgado antes de dicha notificación. Todo
intento de dar consentimiento por parte de un inversor, luego de la
notificación de denuncia, sería estéril. Hasta la fecha, los países
latinoamericanos y caribeños enfrentan 59 casos pendientes en el tribunal
del CIADI, siendo Argentina, con 31 demandas pendientes de arbitraje (20%
de las demandas a nivel mundial y 70% de las demandas a nivel regional),
el país latinoamericano más denunciado ante este organismo internacional.
Mayoritariamente las demandas corresponden a sectores de actividad
vinculados con los recursos naturales, basados tanto en la explotación de
petróleo, gas y minería como en la elaboración de alimentos; y también
con el sector de servicios, en la generación provisional de electricidad
de agua potable.<br><br>
<b>El antecedente boliviano</b> <br><br>
Actualmente Bolivia enfrenta dos procesos de arbitraje con empresas
transnacionales en el CIADI: Eurotelecom Internacional (ETI) y Quiborax.
El monto demandado por la segunda empresa es de 40 millones de dólares.
El caso de ETI, por Entel, el arbitraje está detenido este años. Bolivia
firmó el convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y lo ratificó a través
de la Ley 1593, el 12 de agosto de 1994. El acuerdo entró en vigor el 23
de julio de 1995 y el gobierno de Evo Morales lo denunció y renunció el
29 de abril de 2007. Los argumentos anti CIADI planteados por Bolivia dos
años atrás fueron: los fallos del CIADI son definitivos, no cabe recurso
de apelación; no son neutrales, de 232 casos sentenciados hasta aquella
fecha, 230 fueron a favor de las empresas y contra los Estados; la
injerencia del CIADI contradice la Constitución política del Estado de
Bolivia (artículo 135) y el Tribunal constitucional ya lo declaró
incompetente; el organismo sólo presentarían demandan las empresas; sus
metodologías serían arbitrarias y poco claras; no acepta audiencias con
peticionarios externos, se reuniría a puertas cerradas; la defensa de los
Estados en esta instancia resulta ser muy costosa, dada la necesidad de
contratar abogados en los Estados Unidos. Como se verá, estamos hablando
de los mismos conceptos que el Ecuador expone hoy para denunciar su
convenio con el CIADI. En el marco de UNASUR y en la agenda de la
presidencia Pro Tempore de Rafael Correa, que entrará en vigor el próximo
10 de agosto, la creación de un organismo regional que sustituya para los
países latinoamericanos el papel del CIADI ha pasado a ser una
prioridad.<br><br>
Notas: <br>
(1) El 9 de diciembre de 1902, 15 unidades de la armada inglesa y alemana
actuando en operación conjunta atacaron el puerto de La Guaira.
Desembarcaron tropas en los muelles, de los cuales se apoderaron; a las
12 de la noche fuerzas alemanas atravesaron la ciudad para conducir sus
representantes diplomáticos a la flota y así ponerlos a salvo de una
eventual represalia venezolana; a las 5:00 a.m. del día 10 los ingleses
harían lo mismo, trasladando además a varios connacionales que exigían
protección. La pequeña flota de guerra venezolana no opuso ninguna
resistencia al no estar a la altura de las circunstancias. Entre los días
12 y 13 siguientes, una expedición inglesa tomó por asalto el castillo
Libertador y el fortín Solano de Puerto Cabello después de bombardearlos
con extrema precisión destruyendo sus cañones. Pocos días después, al
grupo anglo-germano se unieron dos buques de la armada italiana para
servir a la expedición en tareas de acompañamiento logístico. También se
unieron Holanda, Bélgica, España y México. El 22 de diciembre en Puerto
Cabello empezó el 22 de diciembre y el 24 de diciembre en Maracaibo, las
fuerzas europeas comienzan un fuerte bloqueo. Todos estos actos de
violencia se produjeron sin una previa declaración de guerra emitida por
alguna de las partes y sin que mediaran ofensas venezolanas a los
agresores, que supusieran la necesidad de una respuesta tan drástica como
la que constituyeron los actos mencionados. Debido al apoyo
norteamericano hacia los agresores europeos, el dictador venezolano
Cipriano Castro (1899-1908) optó por aceptar las condiciones de los
últimos el 1º de enero de 1903. El 13 de febrero, Castro reconoció a
través del protocolo de Washington la justicia de los reclamos europeos,
pagando algunas deudas de inmediato y otras a través de comisiones,
estableciéndose en garantía hasta el 30 % del ingreso de las aduanas de
La Guayra y Puerto Cabello, lo que fue percibido por agentes belgas.
<br>
(2) G. Ferrari, op. cit., p. 63. Ver también Alberto Conil Paz, Historia
de la Doctrina Drago, Buenos Aires, 1975, y Carlos Alberto Silva, La
política internacional de la Nación Argentina, Buenos Aires, Imprenta de
la Cámara de Diputados, 1946, pp. 492-517.<br><br>
<br>
<hr>
</blockquote><br>
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