[Prensacampo-l] Despojo de tierras y explotacion minera trasnacional

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La jornada 09 de Agosto de 2008

Miguel Concha

Despojo de tierras y explotación minera trasnacional

A partir de la estabilidad de los metales en el mercado internacional, 
la industria minera en México se ha venido expandiendo, y actualmente 
grandes extensiones del subsuelo se encuentran concesionadas a ese tipo 
de empresas.

Según fuentes oficiales, hoy radican en el país más de 200 compañías 
mineras, en su mayoría trasnacionales y de capital canadiense. Sin 
embargo, junto con la expansión de la minería, se ha gestado en México 
un proceso de flexibilización normativa, que paulatinamente ha dejado en 
el desamparo a las comunidades y territorios indígenas y campesinos. 
Ello se debe a que, con la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, se dio la reforma al artículo 27 de la 
Constitución, que establecía como inembargables e inalienables las 
tierras campesinas e indígenas, y se permitió su venta y arrendamiento a 
terceros, como son las empresas mineras.

Con esta reforma se reafirmó también que el subsuelo es propiedad de la 
nación, y el Ejecutivo federal se adjudicó en exclusiva la facultad de 
otorgar concesiones a particulares, sean nacionales o no, para explotar 
minerales. Como resultado, la Ley Minera, que no establece mecanismos de 
consulta, se ha vuelto desventajosa para los indígenas, y los coloca en 
una situación de vulnerabilidad. Esta desprotección jurídica ha 
significado en cambio una oportunidad provechosa para las empresas, pues 
se presentan a las comunidades y pueblos con derechos ya adquiridos, lo 
que literalmente provoca el despojo de sus tierras, situación ésta que 
violenta tratados internacionales, que en materia de derechos colectivos 
de los pueblos indígenas México ha firmado, como es el caso del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, que consagra los 
derechos /a la consulta y a la preservación de los territorios y 
recursos naturales de los pueblos indígenas, /que hasta el momento han 
quedado en letra muerta.

En este contexto se han empezado a gestar movimientos indígenas y 
campesinos que reivindican su territorio frente a empresas mineras. 
Algunas comunidades campesinas, en entidades como Guerrero, Oaxaca, 
Durango, Chiapas y San Luis Potosí, ya se han organizado para que sus 
territorios no sean ocupados por las mineras o, en su defecto, para 
generar relaciones más justas y equitativas con las empresas.

Uno de los movimientos representativos de resistencia contra las mineras 
es el del ejido Huizopa, que es una comunidad descendiente del pueblo 
indígena pima, ubicada en el municipio de Ciudad Madera, Chihuahua. Se 
trata de un núcleo agrario ejidal compuesto por 86 mil hectáreas de 
tierra que, como consecuencia del movimiento armado guerrillero de los 
años 60 y 70, dirigido por los luchadores sociales Pablo Gómez y Arturo 
Gámiz, fue dotado mediante resolución presidencial. Es, pues, un pueblo 
que hace 30 años se organizó, y con sangre arrancó sus tierras a los 
caciques ganaderos. Hoy se han organizado en contra de la empresa 
canadiense Minefinders Coporation, quien los ha despojado ilegalmente de 
3 mil 498 hectáreas de tierras de uso común.

En efecto, Minefinders llegó a Huizopa desde hace 14 años, sin que a la 
fecha su presencia se haya convertido en detonador de desarrollo. Lejos 
de ello, ha despojado de tierras a los campesinos. Si acaso son 30 los 
ejidatarios que laboran como obreros en la empresa y, peor aún, los 
recursos naturales han sido puestos en riesgo, pues se han detectado 
desechos químicos y humanos en el río contiguo a los poblados de Dolores 
y Arroyo Amplio. Frente a esta situación, los ejidatarios constituyeron 
la asamblea permanente, y desde el 24 de mayo de este año mantienen un 
plantón pacífico a las afueras de las instalaciones de la empresa, que 
para nada afecta derechos de terceros. Por el contrario, han demandado a 
Minefinders y a los gobiernos federal y estatal un diálogo abierto y 
constructivo, en el que sus demandas consisten en garantizar el cuidado 
del medio ambiente y la instalación de un plan comunitario de desarrollo 
social y económico.

Por desgracia, la respuesta de las autoridades fue el /operativo 
/policiaco-militar ejecutado el 29 de mayo que tuvo como saldo la 
detención de dos de los ejidatarios, que después fueron liberados frente 
a la ausencia de cargos legales, pues no cometieron delito alguno. A 
pesar de que los ejidatarios han seguido acudiendo a las instancias 
competentes, su situación sigue siendo de amenaza y de riesgo, pues la 
visión del gobierno federal es meramente económica. Se limita a lo que 
llaman “garantizar la inversión extranjera”, pasando por alto el derecho 
a la /preservación de los territorios y el hábitat /de los pueblos 
indígenas, consagrado en el artículo 2 de la Constitución.

Sin duda alguna, tanto al gobierno de Chihuahua como al gobierno federal 
les compete una función reguladora, por medio de la cual deben 
equilibrar la correlación de fuerzas entre el poder económico, 
representado por las trasnacionales, y el poder campesino de los 
ejidatarios, que son dueños de las tierras. Ello en aras de construir 
relaciones justas y equitativas que eviten que empresas mineras como 
Minefinders se enriquezcan a costa de la pobreza de los campesinos 
indígenas, comprometiendo además los recursos naturales, por la 
contaminación ocasionada con la explotación minera.