[Prensacampo-l] Como fabricar una crisis global

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La jornada 27 de Mayo de 2008

Walden Bello** /I

Cómo fabricar una crisis global*

Cuando cientos de miles de personas se manifestaron en México el año 
pasado contra un incremento al precio de la tortilla, muchos analistas 
culparon a los biocombustibles. A causa de los subsidios del gobierno 
estadunidense, los granjeros de ese país dedicaban más hectáreas al maíz 
para etanol que para alimento, lo cual disparó los precios. Esta 
desviación del uso del maíz fue sin duda una causa de la elevación de 
precios, aunque probablemente la especulación de intermediarios con la 
demanda de biocumbustible tuvo mayor influencia. Sin embargo, a muchos 
se les escapó una pregunta interesante: ¿cómo es que los mexicanos, que 
viven en la tierra donde se domesticó el maíz, han llegado a depender 
del grano estadunidense?

*La erosión de la agricultura mexicana*

No puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin considerar que en 
los años anteriores a la crisis de la tortilla la patria del maíz fue 
convertida en una economía importadora de ese grano por las políticas de 
“libre mercado” promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM) y Washington. El proceso comenzó con la crisis de 
deuda de principios de la década de 1980. México, uno de los dos mayores 
deudores del mundo en desarrollo, fue obligado a implorar dinero del 
banco y del FMI para pagar el servicio de su deuda con bancos 
comerciales internacionales. El precio de un rescate fue lo que un 
miembro del consejo ejecutivo del BM describió como “intervencionismo 
sin precedente”, diseñado para eliminar aranceles, reglamentaciones 
estatales e instituciones gubernamentales de apoyo, que la doctrina 
neoliberal identificaba como barreras a la eficiencia económica.

El pago de intereses se elevó de 19 por ciento del gasto federal total 
en 1982 a 57 por ciento en 1988, en tanto el gasto de capital se 
derrumbó de 19.3 a 4.4 por ciento. La contracción del gasto 
gubernamental se tradujo en el desmantelamiento del crédito estatal, de 
los insumos agrícolas subsidiados por el gobierno, los apoyos de precio, 
los consejos estatales de comercialización y los servicios de extensión.

Este golpe a la agricultura campesina fue seguido por uno aún mayor en 
1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado consideraba una prórroga de 15 años 
a la protección de productos agrícolas, entre ellos el maíz, pronto 
comenzó a fluir maíz estadunidense altamente subsidiado, lo cual redujo 
los precios a la mitad y hundió al sector maicero en una crisis crónica. 
En gran medida a causa de ese acuerdo, México se ha consolidado como 
importador neto de alimentos.

Con el cierre de la entidad gubernamental comercializadora de maíz, la 
distribución de importaciones maiceras de Estados Unidos y del grano 
nacional ha sido monopolizada por unas cuantas comercializadoras 
trasnacionales, como Cargill. Eso les ha dado tremendo poder para 
especular con las tendencias del mercado, de modo que pueden manipular y 
magnificar muchas veces los movimientos de demanda de biocombustibles. 
Al mismo tiempo, el control monopólico del comercio doméstico ha 
asegurado que una elevación en los precios internacionales del maíz no 
se traduzca en precios significativamente más altos a pagar a los 
pequeños productores.

Cada vez resulta más difícil a los productores mexicanos de maíz eludir 
el destino de muchos otros pequeños productores en sectores como arroz, 
carne de res, pollo y cerdo, quienes se han venido abajo por las 
ventajas concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados 
estadunidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de 2003, las 
importaciones agrícolas de EU han dejado sin trabajo a 1.3 millones de 
campesinos, muchos de los cuales han emigrado al país del norte.

Las perspectivas no son buenas, pues el gobierno mexicano continúa en 
manos de neoliberales que desmantelan sistemáticamente el sistema de 
apoyo al campo.

*Creación de la crisis del arroz en Filipinas*

Que la crisis global de alimentos se origina en la restructuración de la 
agricultura por el libre mercado resulta más claro en el caso del arroz. 
A diferencia del maíz, menos de 10 por ciento de la producción mundial 
de arroz se comercializa. Además, en el arroz no ha habido desviación 
del consumo hacia los biocombustibles. Sin embargo, en este solo año los 
precios se han triplicado, de 380 dólares por tonelada en enero a más de 
mil dólares en abril. Sin duda, la inflación deriva en parte de la 
especulación de los cárteles mayoristas en una época de existencias 
escasas. Sin embargo, el mayor misterio es por qué varios países 
consumidores de arroz que eran autosuficientes se han vuelto severamente 
dependientes de las importaciones.

Filipinas ofrece un triste ejemplo de cómo la restructuración económica 
neoliberal transforma un país de exportador neto a importador neto de 
alimentos. Es el mayor importador mundial de arroz. El esfuerzo de 
Manila por asegurarse provisiones a cualquier precio se ha vuelto nota 
de primera plana, y las fotos de soldados que resguardan la distribución 
del cereal en comunidades pobres se ha vuelto emblemática de la crisis 
global.

Los trazos generales de la historia de Filpinas son similares a los de 
México. El dictador Ferdinando Marcos fue culpable de muchos crímenes y 
malos manejos, entre ellos no llevar adelante la reforma agraria, pero 
no se le puede acusar de privar al sector agrícola de fondos 
gubernamentales. Para paliar el descontento de los campesinos, el 
régimen les otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó 
mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural. Durante los 14 
años de su dictadura, sólo en uno, 1973, se tuvo que importar arroz 
debido al extenso daño causado por tifones. Cuando Marcos huyó del país, 
en 1986, había 900 mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del 
gobierno.

Paradójicamente, los siguientes años de gobierno democrático vieron 
encogerse la capacidad de inversión gubernamental. El BM y el FMI, 
actuando por cuenta de acreedores internacionales, presionaron al 
gobierno de Corazón Aquino para que diera prioridad al pago de la deuda 
externa, que ascendía a 26 mil millones de dólares. Aquino accedió, 
aunque los economistas de su país le advirtieron que sería “inútil 
buscar un programa de recuperación que sea consistente con el pago de la 
deuda fijado por nuestros acreedores”.

Entre 1986 y 1993, entre 8 y 10 por ciento del PIB salió de Filipinas 
cada año en pagos del servicio de la deuda. Los pagos de intereses en 
proporción al gasto gubernamental se elevaron de 7 por ciento en 1980 a 
28 por ciento en 1994; los gastos de capital cayeron de 26 a 16 por 
ciento. En suma, el servicio de la deuda se volvió la prioridad del 
presupuesto nacional.

El gasto en agricultura cayó a menos de la mitad. El BM y sus acólitos 
locales no se preocupaban, porque un propósito del apretamiento del 
cinturón era dejar que el sector privado invirtiera en el campo. Pero la 
capacidad agrícola se erosionó con rapidez, el riego se estancó, y hacia 
finales de la década de 1990 sólo 19 por ciento de la red caminera del 
país estaba pavimentada, contra 82 por ciento en Tailandia y 75 por 
ciento en Malasia. Las cosechas eran anémicas en general; el rendimiento 
promedio de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy debajo de los 
de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos promovían activamente 
la producción rural. La reforma agraria languideció en la era posterior 
a Marcos, privada de fondos para servicios de apoyo, que habían sido la 
clave para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.

Como en México, los campesinos filipinos enfrentaron la retirada en gran 
escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el recorte en programas 
agrícolas fue seguido por la liberalización comercial; la entrada de 
Filipinas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto 
que la firma del TLCAN para México. La membresía en la OMC requería 
eliminar cuotas en las importaciones agrícolas excepto arroz, y permitir 
que cierta cantidad de cada producto ingresara con bajos aranceles. Si 
bien se permitió al país mantener una cuota en importaciones de arroz, 
tuvo que admitir el equivalente a entre uno y 4 por ciento del consumo 
doméstico en los 10 años siguientes. De hecho, a causa del 
debilitamiento de la producción derivado de la falta de apoyo oficial, 
el gobierno importó mucho más que eso para compensar una posible 
escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263 mil toneladas en 
1995 a 2.1 millones en 1998, deprimieron el precio del cereal, lo cual 
desalentó a los productores y mantuvo la producción a una tasa muy menor 
a la de los dos principales proveedores del país, Tailandia y Vietnam.

Las consecuencias del ingreso de Filipinas a la OMC barrieron con el 
resto de la agricultura como un tifón. Ante la invasión de importaciones 
baratas de maíz, los campesinos redujeron la tierra dedicada a ese 
cultivo de 3.1 millones de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La 
importación masiva de piezas de pollo casi acabó con esa industria, en 
tanto el aumento de importaciones desestabilizó las de aves de corral, 
cerdo y vegetales.

Los economistas del gobierno prometieron que las pérdidas en maíz y 
otros cultivos tradicionales serían más que compensadas por la nueva 
industria exportadora de cultivos “de alto valor agregado” como flores, 
espárragos y brécoles. Poco de eso se materializó. El empleo agrícola 
cayó de 11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.

El doble golpe del ajuste impuesto por el FMI y la liberalización 
comercial impuesta por la OMC hizo que una economía agrícola en buena 
medida autosuficiente se volviera dependiente de las importaciones y 
marginó constantemente a los agricultores. Fue un proceso cuyo dolor fue 
descrito por un negociador del gobierno filipino durante una sesión de 
la OMC en Ginebra: “Nuestros pequeños productores agrícolas son 
masacrados por la brutal injusticia del entorno del comercio internacional”.

*La gran transformación*

La experiencia de México y Filipinas se reprodujo en un país tras otro, 
sujetos a los manejos del FMI y la OMC. Un estudio de la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 14 países 
descubrió que los niveles de importaciones agrícolas en 1995-98 
excedieron los de 1990-94. No era sorprendente, puesto que uno de los 
principales objetivos del acuerdo agrícola de la OMC era abrir mercados 
en países en desarrollo para que absorbieran la producción excedente del 
norte.

Los apóstoles del libre mercado y los defensores del /dumping/ 
parecieran estar en extremos opuestos del espectro, pero las políticas 
que propugnan producen el mismo resultado: una agricultura capitalista 
industrial globalizada. Los países en desarrollo se integran en un 
sistema en el que la producción de carne y grano para exportación está 
dominada por grandes granjas industrializadas como las manejadas por la 
trasnacional tailandesa CP, en las que la tecnología es mejorada 
continuamente por avances en ingeniería genética de firmas como 
Monsanto. Y la eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias 
facilita un supermercado agrícola global de consumidores de elite y 
clase media, atendidos por corporaciones comercializadoras de granos 
como Cargill y Archer Daniels Midland, y minoristas trasnacionales de 
alimentos como la británica Tesco y la francesa Carrefour.

No se trata sólo de la erosión de la autosuficiencia alimentaria 
nacional o de la seguridad alimentaria, sino de lo que la africanista 
Deborah Bryce-son, de Oxford, llama la “descampesinación”, es decir, la 
supresión de un modo de producción para hacer del campo un sitio más 
apropiado para la acumulación intensiva de capital. Esta transformación 
es traumática para cientos de millones de personas, pues la producción 
campesina no es sólo una actividad económica: es un modo de vida 
milenario, una cultura, lo cual es una razón de que en India los 
campesinos desplazados o marginados hayan recurrido al suicidio. Se 
calcula que unos 15 mil campesinos indios han acabado con su vida. El 
derrumbe de precios por la liberalización comercial y la pérdida de 
control sobre las semillas ante las empresas de biotecnología son parte 
de un problema integral, señala Vandana Shiva, activista por la justicia 
global: “En la globalización, el campesino o campesina pierde su 
identidad social, cultural y económica de productor. Ahora un campesino 
es ‘consumidor’ de semillas y químicos caros que venden las poderosas 
corporaciones trasnacionales por conducto de poderosos latifundistas y 
agiotistas locales”.

* Versión reducida del artículo a publicarse en la edición de /The 
Nation/ (Nueva York) el 2 de junio. Se reproduce con permiso del autor.

** Walden Bello es analista y ex director ejecutivo del instituto de 
investigación y activismo Enfoque en el Sur Global, con sede en Bangkok.

Traducción: Jorge Anaya.