[Prensacampo-l] COMUNICADO DE PRENSA

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*COMUNICADO DE PRENSA Julio de 2009*

*Frontal rechazo social, ambiental y gremial en Cámara de Diputados*

*A ley de apropiación de semillas por transnacionales*

Su enérgico rechazo a un proyecto de ley que privatiza las semillas, 
despojando a los agricultores de su derecho a guardar, intercambiar y 
utilizar las semillas producto de su cosecha y abriendo paso a los 
cultivos transgénicos hicieron ver ante la Comisión de Agricultura el 
pasado martes 14 de julio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e 
Indígenas (ANAMURI),la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, el 
Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) organizaciones miembros de 
la Alianza por una Mejor Calidad de Vida; la Fundación con Todos, de 
Chiloé y la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé, junto a 
CETSUR, y GRAIN.

El 7 de julio los diputados ya habían escuchado el planteamiento de la 
Asociación de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Agrupación de 
Agricultura Orgánica de Chile AAOCH, la Asociación de Agricultura 
Biológica- Biodinámica y la Agrupación de Consumidores Conscientes. 
Ellos instaron a la Comisión de agricultura a legislar para proteger el 
acceso a la diversidad biológica y el conocimiento ancestral y 
rechazaron como imposible la coexistencia entre la agricultura orgánica 
y los cultivos transgénicos.

El proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet sobre “*derechos 
del obtentor de variedades vegetales*” *** ha sido rebautizado por las 
citadas organizaciones como proyecto de *“Protección de la propiedad de 
las transnacionales de la semilla*” y de sus filiales en Chile y parte 
del inaceptable principio de que es posible privatizar los conocimientos 
y diversas formas de vida. La aprobación de esta ley extendería los 
llamados “derechos de obtentor” –una forma más amplia de patente- a 
todas las especies vegetales, creando condiciones para la expansión en 
el país de los cultivos transgénicos, en especial de los farmocultivos 
que a través de la inserción de genes de un virus o una bacteria en el 
ADN de una planta, producen drogas.

Al respecto sostuvieron los agricultores orgánicos: “Si los chilenos 
queremos perder los mercados europeos conquistados con tanto esfuerzo, y 
contaminar genéticamente nuestros cultivos en forma irreversible, si 
queremos que nuestros hijos consuman alimentos desnaturalizados y 
alterados y entregar nuestro patrimonio genético a cambio del pago de 
una autorización oficial; si queremos agobiar con el pago de royalties a 
los campesinos que han sostenido el alimento de los chilenos desde 
siempre, entonces… ¡sigamos adelante con este Proyecto de Ley.!”

En mayo de este año, a espaldas de la opinión pública se inició la 
votación de los artículos del proyecto, interrumpida por la irrupción de 
estas organizaciones.

El 14 asistió menos de la mitad de los 13 parlamentarios integrantes de 
la comisión, entre ellos los diputados Marco-Enríquez Ominami y 
Alejandro Sule, quienes posibilitaron la presencia de las 
organizaciones. Su presidente, José Pérez y otros, valoraron el 
intercambio de opiniones sobre el proyecto, reconociendo su escaso 
manejo del tema. La diputada Alejandra Sepúlveda coincidió respecto de 
que el lenguaje técnico de la ley impide entender sus alcances, y mostró 
disposición a generar un grupo de trabajo externo a la Comisión con 
vistas a mejorar el articulado de la ley. Por su parte, el diputado 
Alejandro Sule
afirmó que si se convencía de los alcances de lo planteado allí por las 
organizaciones, votaría en contra de esos artículos y/o rechazaría el 
proyecto. Varios parlamentarios sostuvieron que la solución era que los 
campesinos y comunidades inscribieran sus derechos para evitar que las 
empresas se les anticiparan, lo que fue
rechazado de inmediato por los expositores, para quienes eso implicaría 
aceptar esa lógica y dividir a las comunidades. Se acogió por algunos 
parlamentarios la idea de trabajar paralelamente en una Ley de 
Protección de la Biodiversidad. Ellos reconocieron que la urgencia de 
este proyecto está dada por el hecho de que el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos fijó el 1º de enero de 2009 como plazo para que Chile 
adecúe su legislación al UPOV 1991, convenio internacional sobre los 
Derechos de Obtentores Vegetales.

La comisión escuchará en una próxima sesión los planteamientos del ex 
Obispo de Chiloé monseñor Juan Luis Ysern, fundador de la Fundación Con 
Todos, y de un representante de los caciques huilliches de la isla, a 
petición de la delegación de Chiloé.

A continuación, se resumen los puntos centrales del rechazo colectivo a 
este proyecto de ley.

1.- Esta iniciativa abre las puertas a:

    * *La apropiación indebida de los recursos biológicos del país, la
      privatización de los conocimientos y la protección de la propiedad
      privada de las empresas transnacionales sobre el patrimonio
      colectivo de las comunidades campesinas e indígenas.* Se va a
      expropiar la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile al
      extender los llamados derechos de obtentor a* todas* las especies
      vegetales *(Artículos 2, 6, 7, 8,9).*

    * *La expansión de los cultivos transgénicos, y los farmocultivos,
      al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva
      de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter*.
      En sus definiciones el proyecto no hace diferencias entre una
      planta normal, una híbrida o una transgénica. La fundamentación de
      la ley permite deducir además que se intenta crear condiciones
      para la introducción de los llamados farmocultivos, lo que podrían
      crear problemas graves de salud pública, y arruinar la producción
      de alimentos y exportaciones agrícolas chilenas. * (Artículo 6).*

    * *La contaminación de los cultivos orgánicos por los transgénicos.*
      Ya se ha demostrado que no es posible la coexistencia entre ambos.

    * *La pérdida de los mercados que demandan alimentos sanos e
      inocuos*. Los consumidores han tomado una mayor conciencia
      respecto de los OGMs, y en la Unión Europea del 70% de la
      población rechaza la agricultura transgénica.

    * *El despojo de los derechos de los campesinos a seleccionar,
      mejorar, y guardar la semilla de su cosecha (Artículo 48)*. Esta
      práctica universal de campesinos y agricultores es reconocida
      incluso por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO.

    * *Daño a la fauna y los insectos benéficos por los cultivos
      transgénicos, con negativas consecuencias para el medio ambiente.
      *La biotecnología favorecida por este proyecto conduce hacia la
      uniformidad genética con pérdida de la biodiversidad en los
      campos, donde se imponen monocultivos extensivos.

    * *La criminalización del trueque o de la siembra de semilla*. Ya no
      será el SAG quien fiscalice, sino las propias empresas dueñas de
      los derechos sobre las semillas, tendrán el poder de hacer de
      policías, siguiendo el modelo de otros países como Estados Unidos
      y Canadá cuando surge la contaminación accidental por transgénicos
      *(artículos 52 y 54).*

    * *El decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean
      acusados de no cumplir con la ley. (artículos 53, 54, 55). *Esto
      se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones
      frutales, decomiso de productos, e incluso en el embargo de
      exportaciones chilenas.

    * *Un proceso de aumento creciente del costo de los alimentos.* El
      precio de las semillas encarecerá el proceso productivo y los costos.

*2.- Beneficiarios e impulsores de este proyecto*

    * Los grandes beneficiados de este proyecto son los operadores del
      mercado de semillas transgénicas y de agroquímicos, principalmente
      las corporaciones transnacionales agroquímicas, Syngenta y la
      corporación Monsanto, líder mundial del mercado de semillas y
      cultivos transgénicos y sus socios locales.

    * Las variedades en uso estarán en manos de unas cuantas empresas.
      Esto agravará el proceso de concentración del sector semillero
      logrado por la ley 19.342, que sería derogada al aprobarse este
      proyecto. Hoy ya existe menos disponibilidad de variedades
      agrícolas, y este proyecto agrava esa tendencia.

    * Las empresas extranjeras controlarán la comercialización,
      importación o exportación del material de propagación (semillas,
      esquejes, etc), y además podrán obtener legalmente la propiedad
      sobre la flora y el patrimonio genético nacional. (artículos 6,7,
      39).

Además de las organizaciones que estuvieron en las audiencias de la 
Comisión de Agricultura, suscriben hasta ahora este planteamiento sobre 
el proyecto de ley Tierra Viva; los Consejos Ecológicos comunales de 
Linares y San Antonio; el Instituto del Medio Ambiente; las redes 
orgánicas de Coquimbo, BioBio, Angol, Renaico, Los Lagos y Los Ríos, y 
la fundación Chile Sustentable.

*/Proyecto de ley que regula derechos sobre Obtenciones Vegetales y 
deroga Ley 19.342 (Mensaje Nº454-356), 22 diciembre 2008 (Derechos del 
Obtentor de Variedades Vegetales). Texto de la ley en Boletín Nº 6355-01 
de la Cámara de Diputados, www.camara.cl <http://www.camara.cl/> /

Mayores informaciones:

Lucía Sepúlveda: 56-2-3416742- 900-23 729

RAP-Chile

Camila Montecinos, Grain: 091333655

Francisca Rodríguez: 07 6158332

ANAMURI


-- 
Lucía Sepúlveda Ruiz

http://periodismosanador.blogspot.com/